JORNADAS SOBRE LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ANDALUCÍA.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA :

__Miercoles 15 de octubre , 19,00h : inauguración a cargo del vicepresidente de la Junta de Andalucía DIEGO VALDERAS SOSA.

19,15H : Presentación : «La segunda República,una propuesta didactica», a cargo del coordinador RAFAEL GONZÁLEZ REQUENA.

20,ooh : PresentaciÓn de la exposición y visita guiada a cargo del historiador  ANTONIO BARRAGÁN.

__Miercoles 22 de octubre  , 19,00H : «Las mujeres víctimas del franquismo» a cargo de  la historiadora  PURA SÁNCHEZ.

__Miercoles 29 de octubre , 19,00h :»Las víctimas del franquismo en Andalucía,una visión actualizada» por el historiador FRANCISCO MORENO GÓMEZ.

__Miercoles 5 de noviembre , 19,00h :»Presentación de los trabajos de localización de fosas comunes de víctimas del franquismo en Adamuz y Obejo (Córdoba)».

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Lugar de Memoria Histórica de Andalucía Barranco de la Huesa

Foto del acto de inauguración del Lugar de Memoria Histórica de Andalucía en el Barranco de la Huesa con la intervención de Luis Naranjo, director de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y al fondo el historiador y escritor Francisco Moreno Gómez.

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9 DE DICIEMBRE:82 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA.

CONSTITUCIÓN DE 1931
Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente
que éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado
lo siguiente:
ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo primero.
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
Artículo 2o.
Todos los españoles son iguales ante la ley.
Artículo 3o.
El Estado español no tiene religión oficial.
Artículo 4o.
El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento
ni el uso de ninguna lengua regional.
Artículo 5o.
La capitalidad de la República se fija en Madrid.
Artículo 6o.
España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Artículo 7o.
El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.
TÍTULO PRIMERO
Organización nacional
Artículo 8o.
El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se
constituyan en régimen de autonomía.
Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en
relación directa con el Poder central.
Artículo 9o.
Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su
competencia, y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.
Los Alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el
Ayuntamiento.
Artículo 10.
Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que
determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines
político administrativos.
En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman,
salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.
En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un
Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y
facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.
Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.
Artículo 11.
Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo
político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a
lo establecido en el art. 12.
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones
que se determinen en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el
segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo
procedimiento establecido en este Código fundamental.
La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí.
Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización
Político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Artículo 12.
Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes
condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos
Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos
terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere
negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al
presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la
Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles
al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y
16.
Artículo 13.
En ningún caso se admite la federación de regiones autónomas.
Artículo 14.
Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa
en las materias siguientes:
1a. Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes
constitucionales.
2a. Relación entre las iglesias y el Estado y régimen de cultos.
3a. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior;
declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase
de relaciones internacionales.
4a. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter
suprarregional o extrarregional.
5a. Pesca marítima.
6a. Deuda del Estado.
7a. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.
8a. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las
mercancías.
9a. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de
costas.
10. Régimen de extradición.
11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los
Poderes regionales.
12. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables
submarinos y radiocomunicación.
14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuando las aguas discurran
fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.
15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.
16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.
17. Hacienda general del Estado.
18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.
Artículo 15.
Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes,
sobre las siguientes materias:
1a. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la
forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las
obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para
coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de
España. La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la
República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales
que afecten a la materia.
2a. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
3a. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
4a. Pesas y medidas.
5a. Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto
afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
6a. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a
salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que
pueda reservarse.
7a. Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
8a. Régimen de seguros generales y sociales.
9a. Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
10. Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí
sus obras peculiares.
12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la
legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
11. Servicios y aviación civil y radiodifusión.
Artículo 16.
En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder a
la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa,
conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.
Artículo 17.
En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato
entre los naturales del país y los demás españoles.
Artículo 18.
Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región
autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá distribuir
o transmitir las facultades por medio de una ley.
Artículo 19.
El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las
disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía
entre los intereses locales y el interés general de la República.
Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta
necesidad.
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes
de los Diputados que integren las Cortes.
En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán
estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.
Artículo 20.
Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus
autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos
especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en
este Título.
El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes,
aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.
Artículo 21.
El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo
que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.
Artículo 22.
Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá
renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central.
Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus
Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electorales inscritos
en el censo de la provincia.
TITULO II
Nacionalidad
Artículo 23.
Son españoles:
1o. Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
2o. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la
nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
3o. Los nacidos en España de padres desconocidos.
4o. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado
vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que
prescriban las leyes.
La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la
de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados
internacionales.
Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las
personas de origen español que residan en el Extranjero.
Artículo 24.
La calidad de español se pierde:
1o. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado
español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o
jurisdicción.
2o. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.
A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que
fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de
América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin
que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.
En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el
derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad
de origen.
TÍTULO III
Derechos y deberes de los españoles
CAPÍTULO PRIMERO
Garantías individuales y políticas
Artículo 25.
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.
Artículo 26.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una
ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además
de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima
del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1a. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del
Estado.
2a. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del
Ministerio de Justicia.
3a. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que
los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus
fines privativos.
4a. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5a. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6a. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en
relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Artículo 27.
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión
quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de
la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni
política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la
República y para ser Presidente del Consejo de
Ministros.
Artículo 28.
Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración.
Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.
Artículo 29.
Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en
libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al
acto de la detención.
Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos
horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.
La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del
mismo plazo.
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este
artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.
La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza
ni caución de ningún género.
Artículo 30.
El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por
objeto la extradición de delincuentes político sociales.
Artículo 31.
Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su
residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de
sentencia ejecutoria.
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que
las que la ley establezca.
Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del
territorio español.
El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable.
Nadie podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro
de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona
de su familia, y, en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.
Artículo 32.
Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser
que se dicte auto judicial en contrario.
Artículo 33.
Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio,
salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general,
impongan las leyes.
Artículo 34.
Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de
mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún
periódico, sino por sentencia firme.
Artículo 35.
Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los
Poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase
de fuerza armada.
Artículo 36.
Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos
derechos electorales conforme determinen las leyes.
Artículo 37.
El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o
militares, con arreglo a las leyes.
Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.
Artículo 38.
Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.
Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.
Artículo 39.
Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida
humana, conforme a las leyes del Estado.
Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público
correspondiente, con arreglo a la ley.
Artículo 40.
Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos
públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.
Artículo 41.
Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán
conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del
servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas
previstas en la ley.
No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones
políticas, sociales o religiosas.
Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de
tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de
los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.
Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen
injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las
Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas
Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad
que vulneren los derechos de los funcionarios.
Artículo 42.
Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser
suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por
decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e
inminente gravedad.
Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el
Gobierno.
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo
máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno
día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión
de garantías.
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuanta a la Diputación
Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las
Cortes.
El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días.
Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la
Diputación Permanente en su caso.
Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de
Orden público.
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a
distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.
CAPÍTULO II
Familia, economía y cultura
Artículo 43.
La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a
petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado
velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes
que respecto de los nacidos en él.
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los
nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en
filiación alguna.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a
la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.
Artículo 44.
Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la
economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la
Constitución y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa
de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa
una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser
nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas
cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía
nacional.
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.
Artículo 45.
Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro
cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su
exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas
para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica,
asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su
reconocido valor artístico o histórico.
Artículo 46.
El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de
las leyes.
La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro
forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y
especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y
familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el
Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores
que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la
administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los
trabajadores.
Artículo 47.
La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el
patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola,
indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas
de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación
agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.
La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.
Artículo 48.
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos.
La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y la votación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se
inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Artículo 49.
La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al
Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los
casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las
regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para
cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes
pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los
establecimientos privados.
Artículo 50.
Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de
acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el estudio de
la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos
los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado
podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma
oficial de la República.
El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.
El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y
centros de estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países
hispanoamericanos.
TITULO IV
Las Cortes
Artículo 51.
La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las
Cortes o Congreso de los Diputados.
Artículo 52.
El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio
universal, igual, directo y secreto.
Artículo 53.
Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de
veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones
fijadas por la ley Electoral.
Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato
será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las
elecciones generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso.
Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes,
habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días,
como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.
Artículo 54.
La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su
retribución.
Artículo 55.
Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su
cargo.
Artículo 56.
Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación
Permanente.
Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un
Diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere
pertinentes.
Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo
del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá
denegado el suplicatorio.
Toda detención o procesamiento de un Diputado quedará sin efecto cuando así lo
acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones
estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta.
Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados,
podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato
parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.
Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el
Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.
Artículo 57.
El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección
y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen
interior.
Artículo 58.
Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de
febrero y octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el
primer período y dos en el segundo.
Artículo 59.
Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como
Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido,
dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
Artículo 60.
El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.
Artículo 61.
El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado en
Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del
Poder legislativo.
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud
de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para
cada materia concreta.
El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar
sobre su adaptación a las bases establecidas por él.
En ningún caso podrá autorizarse en esta forma, aumento alguno de gastos.
Artículo 62.
El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta,
como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a
su fuerza numérica.
Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:
1o. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el
art. 42.
2o. De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los
decretos-leyes.
3o. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados.
4o. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.
Artículo 63.
El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sea
Diputados.
No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.
Artículo 64.
El Congreso podrá acordar un coto de censura contra el Gobierno o alguno de sus
Ministros.
Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las
firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.
Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni
votada hasta pasados cinco días de su presentación.
No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura
no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que
indirectamente implique un voto de censura.
Artículo 65.
Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la
Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán
parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en
aquéllos se disponga.
Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del
Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los
Diputados, los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos.
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.
La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.
Artículo 66.
El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las
Cortes. Bastará, par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma,
las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones,
los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las
Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los
electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la
iniciativa popular.
TITULO V
Presidencia de la República
Artículo 67.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el
período de su magistratura.
Artículo 68.
El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de
compromisarios igual al de Diputados.
Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías
Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los
compromisarios.
Artículo 69.
Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles
mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
Artículo 70.
No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:
a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando
menos, en dicha situación.
b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere
el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.
Artículo 71.
El mandato del Presidente de la República durará seis años.
El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del
término de su anterior mandato.
Artículo 72.
El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas,
fidelidad a la República y a la Constitución.
Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial.
Artículo 73.
La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la
expiración del mandato presidencial.
Artículo 74.
En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le
substituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será substituido en las suyas por el
Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las
funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será
convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días,
conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta días
siguientes a la convocatoria.
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las
Cortes, aun estando disueltas, conservan sus poderes.
Artículo 75.
El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del
Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en
el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.
Artículo 76.
Corresponde también al Presidente de la República:
a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo siguiente, y firmar la paz.
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo
con las leyes y los reglamentos.
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente, previo
acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se
sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la
Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier
materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.
Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la
Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos
aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativo, sólo obligarán a la
Nación si han sido aprobados por las Cortes.
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos
a las Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de
dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados.
Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República subscribirá la
ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también
deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del
Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen.
Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier
Tratado o Convenio no obligarán a la Nación.
Artículo 77.
El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las
condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez
agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos
judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de
que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.
Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de
conciliación y arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios
generales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar
autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.
Artículo 78.
El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la
Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa
Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial,
votada por mayoría absoluta.
Artículo 79.
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos,
reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
Artículo 80.
Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo
unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación
Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de
las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo
demande la defensa de la República.
Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada
al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.
Artículo 81.
El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario
siempre que lo estime oportuno.
Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un
mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de
cumplirse lo preceptuado en el artículo 58.
El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su
mandato cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Por decreto motivado.
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para
el plazo máximo de sesenta días.
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y
resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de
la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
Artículo 82.
El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato.
La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los
miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá
ejercer sus funciones.
En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma
prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las
Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.
Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso
contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.
Artículo 83.
El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de
quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente
comunicada.
Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el
Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.
Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al
Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser
aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a
promulgarlas.
Artículo 84.
Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no
estén refrendados por un Ministro.
La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.
Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la
plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda
derivarse.
Artículo 85.
El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de
sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros,
decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso
afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva
elección, y la causa seguirá sus trámites.
Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva
convocatoria.
Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la
responsabilidad criminal del Presidente de la República.
TITULO VI
Gobierno
Artículo 86.
El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.
Artículo 87.
El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del
Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el
Presidente de la República.
A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios
asignados a los diferentes departamentos ministeriales.
públicos
Artículo 88.
El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar
uno o más Ministros sin cartera.
Artículo 89.
Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes.
Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir
directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación
privada.
Artículo 90.
Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que
haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y
deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
Artículo 91.
Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del
Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.
Artículo 92.
El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en
el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.
En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine.
Artículo 93.
Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de
ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las
Cortes.
Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en
asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento
serán regulados por dicha ley.
TITULO VII
Justicia
Artículo 94.
La Justicia se administra en nombre del Estado.
La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la
Justicia.
Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.
Artículo 95.
La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán
reguladas por las leyes.
La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de
armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se
exceptúa el caso del estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.
Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.
Artículo 96.
El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a propuesta de
una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de
cuarenta años y licenciado en Derecho.
Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás
funcionarios judiciales.
El ejercicio de su magistratura durará diez años.
Artículo 97.
El presidente del Tribunal Supremo tendrá además de sus facultades propias, las
siguientes:
a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de
reforma judicial y de los Códigos de procedimiento.
b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que
la ley designe, entre elementos que no ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de
jueces, magistrados y funcionarios fiscales.
El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán
agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión parlamentaria de
Justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.
Artículo 98.
Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus
funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán
las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
Artículo 99.
La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y
fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el
Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e
independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los
jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal
Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Artículo 100.
Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la
Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Artículo 101.
La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de
la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos
discrecionales de la misma, constitutivos de exceso o desviación de poder.
Artículo 102.
Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos
generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador,
del fiscal de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo
informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.
Artículo 103.
El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado,
cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
Artículo 104.
El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la
Administración de Justicia.
Artículo 105.
La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las
garantías individuales.
Artículo 106.
Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por
error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme
determinen las leyes.
El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.
TITULO VIII
Hacienda pública
Artículo 107.
La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las
Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de
Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio
económico siguiente.
La vigencia del Presupuesto será de un año.
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará
por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan
exceder de cuatro.
Artículo 108.
Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni
capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus
miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del
Congreso.
Artículo 109.
Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán
incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá
autorizarse un Presupuesto extraordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas
de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las
Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere
incurrido.
Artículo 110.
El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para
su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.
Artículo 111.
El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año
económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
Artículo 112.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar
caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal
de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.
Las autorización es al Gobierno en este respecto si limitarán, cuando así lo estimen
oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.
Artículo 113.
El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al
Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra.
En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.
Artículo 114.
Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas
asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por
excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo
su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes
casos:
a) Guerra o evitación de la misma.
b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales.
Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.
Artículo 115.
Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las
Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.
La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y
operaciones de crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero
no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del
Presupuesto.
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas,
ordenadas en las leyes.
Artículo 116.
La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas
aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.
Artículo 117.
El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del
Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la
Nación. Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su
amortización ni al pago de intereses.
Artículo 118.
La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para
satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten
estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en
general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad
económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.
Artículo 119.
Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:
1a. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.
2a. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los
recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.
3a. Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del
Ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la
República. Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.
Artículo 120.
El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica.
Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas
en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones.
Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del
Tribunal de Garantías Constitucionales.
TÍTULO IX
Garantías y reforma de la Constitución
Artículo 121.
Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de
Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:
a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades.
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las
Regiones autónomas y los de éstas entre sí.
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las
Cortes eligen al Presidente de la República.
e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los
Ministros.
f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal
Supremo y del Fiscal de la República.
Artículo 122.
Compondrán este Tribunal:
Un presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado.
El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el artículo 93.
El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República.
Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes.
Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que
determine la ley.
Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la
República.
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento
entre todas las de España.
Artículo 123.
Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:
1o. El Ministerio Fiscal.
2o. Los jueces y tribunales en el caso del artículo 100.
3o. El Gobierno de la República.
4o. Las Regiones españolas.
5o. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.
Artículo 124.
Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y
prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que
se refiere el artículo 121.
Artículo 125.
La Constitución podrá ser reformada:
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los
artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una
ley y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los Diputados
en el ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la
mayoría absoluta en lo sucesivo.
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente
disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta
días.
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la
reforma propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de
la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los
Diputados en el ejercicio del cargo.
Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a
nueva votación y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.
Segunda.
La ley de 26 de Agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la
Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que
concluya la misión que le fue encomendada; y la de 21 de Octubre conservará su
vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes,
si antes no la derogan éstas expresamente.
Por tanto, en representación de las Cortes Constituyentes, mando a todos los españoles,
autoridades y particulares, que guarden y hagan guardar la presente Constitución, como
norma fundamental de la República.
Palacio de las Cortes Constituyentes a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y
uno. —El Presidente, Julián Besteiro.

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IV Jornadas para la Recuperación de la Memoria Histórica

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AGUILAR DE LA FRONTERA:EJEMPLO DE RECONCILIACION CIUDADANA.

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera hizo entrega el pasado día 25 de octubre de la Distinción de Miembros Honorarios de la Corporación Municipal a título póstumo, al ultimo alcalde de la II República Española ,D. José María León Jimenez, y a los concejales,D.Antonio Cabello Almeda,D.Rafael Aparicio de Arcos,D.Antonio García Márquez,y D.Andrés Alberca Conde, y así saldar la deuda que las instituciones democráticas del Estado español mantienen de gratitud y reconocimiento a la labor democrática que realizaron estos hombres honestos,con ilusión de cambio de las injusticias sociales que venían sufriendo sus vecinos/as,desde una conciencia democrática,republicana y obrerista,que fueron asesinados por defender la legalidad de la II República y sus ideales socialistas.
Ciudadanos ante todo,que creyeron en el cambio social que proclamaba la II República Española,desde la paz,las urnas,la concordia,y la legitimidad de unas leyes que pretendían restituir la dignidad, los derechos laborales y la libertad a una ciudadanía oprimida por las oligarquías del poder.
Fue un acto histórico en Andalucia:es el primer Ayuntamiento de nuestra comunidad que restituye la memoria y restaura la verdad de nuestra Historia desde el consenso entre todos los grupos políticos,unidos en un proyecto común:la reconciliación ciudadana.Pequeños gestos como éste hacen grande nuestra democracia y nuestra convivencia como ciudadanos/as.
En el acto de homenaje,el alcalde de Aguilar de la Frontera reconoció el valor de estos hombres honestos que en momentos tan difíciles supieron estar del lado de sus vecinos/as, repudió el golpe cívico-militar de 1936,que tanto dolor y sufrimiento innecesario ocasionó al pueblo español, y la posterior Dictadura franquista.
Fue el Grupo Municipal de Izquierda Unida quien propuso dicho nombramiento,convocando una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento,el día 8 de junio del 2012,donde por unanimidad de todos los grupos políticos,como un ejercicio de normalidad democrática,se aprobó dicha propuesta.
Nuestra obligación como ciudadanos/as es recordar el compromiso,la entrega política y social, que personas comprometidas como éstas mantuvieron con sus vecinos/as en defensa de los valores de Justicia y de Libertad Democráticas.Valores que debemos seguir defendiendo en estos momentos tan desesperados que estamos viviendo,donde se están recortando derechos y libertades a los trabajadores, duramente conquistados.
Con actos como éste el pueblo de Aguilar de la Frontera demuestra su madurez democrática,su lucha por una reconciliación ciudadana,por mantener vivo el espíritu de igualdad de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la dignidad del ser humano.
Desde el Foro por la Memoria de Córdoba esperamos y deseamos como ciudadanos y ciudadanas,y más aún como familiares y víctimas de la represión franquista,que actos como éste cundan en Ayuntamientos e Instituciones Españolas, y que de una vez por todas podamos cerrar nuestro duelo.a1OLYMPUS DIGITAL CAMERA2

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¿¿BEATIFICACION DE 522 RELIGIOSOS??

En las grandes agitaciones políticas del S.XX en España la Iglesia Católica ha tenido un protagonismo reaccionario importante:ha reencarnado los valores militantes de la Santa Inquisición,añorando las monarquías absolutas que tantos privilegios y beneficios les aportó a lo largo de la historia. Y la extrema derecha española le ha seguido en un tanden de intereses creados.
Muchos ciudadanos veían en la Iglesia una enemiga que legitimaba una estructura injusta de la propiedad y la sociedad,al lado siempre de los poderosos,y olvidando “su rebaño”,una jerarquía eclesiástica integrista que defendía el rechazo a la libertad religiosa y los valores de una democracia liberal.
Las principales víctimas de esta intolerancia clerical fueron los ciudadanos librepensadores, personas relacionadas con la masonería,el naturismo,de la concepción laica de la vida,como sucedió con médicos ,profesores,intelectuales,y otras profesiones liberales.
No se mataba a los curas por motivos religiosos,sino por motivos políticos.
En Andalucía solo un 13% de la población iba a misa,y la gran mayoría de la ciudadanía no conocía la doctrina católica y sus ritos.
Tras al caída de la Dictadura de Primo de Rivera y la huida de la monarquía,que tantos privilegios otorgaron a la Iglesia, ésta adopto una postura opuesta desde el principio a la legitima República española,en oposición incluso a las directrices pontificias:
“La desobediencia de los católicos españoles a las directrices pontificias (aceptación del Régimen Republicano legítimamente instaurado) fue una de las causas que deterioraron la convivencia entre españoles y fue aprovechado como pretexto tanto por militares,políticos ultraconservadores,y jerarcas de la Iglesia,para legitimar “la Santa Cruzada”de Franco contra la República Española.
(palabras del canónigo de la catedral de Barcelona monseñor Carles Cardó,1946).
Hubo un gran numero de clérigos demasiado entusiastas y comprometidos en inculcar desde sus púlpitos a los católicos la mentalidad de una Iglesia perseguida que había que defender con la espada.Desde Mayo de 1931 aparecían Pastorales de grandes obispos(Gomá,Múgica,Segura,Irurita) contra las reformas que la República pretendía llevar a cabo,crispando la opinión publica.
Importantes jerarcas de la iglesia , como el canónigo magistral de Salamanca y rector del seminario de Comillas Aniceto Castro Albarrán con la publicación del libro “El derecho a la rebeldía”(1934),justificaban e incitaban a la rebelión ciudadana contra la República.
Este canónigo iniciada la Guerra Civil fue de los primeros en exponer y defender la “Teología de la Cruzada Nacional”.
Contaban con el apoyo de los terratenientes (en contra de la Reforma Agraria),industriales (contrarios a las Reformas Sociales),la nobleza (privada de la monarquía que tanto les favorecía y desprotegidos ante las nuevas reformas tomadas por la República), y los militares centralistas y africanistas que se enfrentaban a una Reforma Militar.
Un sector de los católicos ultraconservadores comienza desde 1931 una propaganda de desprestigio de las reformas republicanas sin precedentes y sin tregua:José Mª Gil Robles (apoyado
electoralmente por la Iglesia española y el Vaticano)y Ángel Herrera Oria desde la revista jesuita “Razón y Fe”,Eugenio Vegas Latapie, Eugenio Montes y Jorge Vigón desde la revista “Acción Española”,con artículos que incitan a la rebelión contra la República legitima a sus seguidores católicos,y a la sublevación a los militares descontentos.
Muchas de las leyes recogidas en la Constitución de la República Española chocaban frontalmente con esta ideología integrista tanto de la iglesia como de los grandes conservadores.

El 20 de Agosto de 1931 el Gobierno de la República Española se reúne con representantes de la Iglesia para resolver el problema religioso:de parte del Gobierno intervienen Niceto Alcalá Zamora
(Presidente de la República) y Fernando de los Ríos (Ministro de Justicia),como representantes eclesiásticos el Cardenal Francesc de Assis Vidal y Barraquer(arzobispo de Tarragona) y Federico Tedeschini(nuncio,secretario del Estado Vaticano). Establecen los Puntos de Conciliación en la relación Estado-Iglesia(con el visto bueno del Vaticano). Pero el episcopado integrista español no colabora e intenta por todos los medios antes vistos su desprestigio.

Los militares sublevados contra la República Española necesitaban una ideología que maquillara y legitimara el golpe militar de cara a los gobiernos demócratas europeos y EE.UU, en apelación a la ayuda urgente de suministros bélicos tras el frustrado golpe militar contra el Gobierno legitimo de la República Española,y en vista de la Guerra Civil que se avecinaba, y el sentido religioso de Guerra Santa en defensa de la religión fue el pretexto que utilizaron para ganarse la opinión de los católicos españoles y europeos :llevaron a cabo una batalla propagandista internacional protagonizada por los grandes obispos españoles mediante la Carta Colectiva a todos los obispos del mundo,encabezada por el primado cardenal Isidro Gomá y Tomás,en agosto de 1937,y en España con las grandes pastorales de guerra que justifican y apoyan el golpe militar.

La Iglesia española (salvo raras excepciones ) se unió desde el principio a la rebelión militar y consiguieron la TRANSUBSTANCIACIÓN del golpe militar en SANTA CRUZADA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
El fraile dominico Justo Pérez de Urbel se empeñó en demostrar la relación entre el ideario del Movimiento Fascista en España salido del golpe militar, y las doctrinas del Evangelio,e igualarlo a las Guerras de Reconquista (las grandes Cruzadas Medievales),dando así confesionalidad y justificación bíblica al golpe de estado contra la República Española y la Guerra Civil que desencadenó.
En Navarra el clero se ofrecía voluntario para acompañar a las columnas de requetés.
El jesuita de Santander Fernando Huidobro se hace capellán de la Legión y arenga a los soldados en el campo de batalla con fervor de cruzados (Legionarios de Cristo).
En Córdoba el fraile capuchino Jacinto de Chucena se presentó en el Cuartel de Artillería el 20 de Julio de 1936 para ofrecerse al Coronel Ciriaco Cascajo (uno de los impulsores y protagonista del golpe militar en Córdoba y la sangrienta represión que llevo a cabo contra la ciudadanía indefensa e inocente).
Este fraile fue locutor de Radio Córdoba desde el 14 de agosto de 1936, y con sus charlas incendiarias y arengas político-religiosas animaba a la represión y el exterminio de republicanos.
El clérigo Ildefonso Hidalgo,de la iglesia de San Andrés,(inseparable del sanguinario Don Bruno), el párroco de San Francisco,Carlos Romero,el canónigo José Maria Molina Moreno,párroco de Santiago,los curas Mariano Ruiz Calero y Angel Onieva Molina :confeccionaban listas negras y denuncias sobre sus parroquianos que sirvieron para la represión.
El obispo de Córdoba Adolfo Pérez Muñoz con sus Pastorales desde el púlpito ya mostraba su posición integrista contra la República, y tras el triunfo del golpe militar del Coronel Cascajo en la capital cordobesa, el día de San Rafael,el 24 de octubre de 1936, publica una apoteósica felicitación,presenta sus “respetos a tan admirado amigo”,y le “bendice de todo corazón,y abrazo con devoto y paternal afecto”.
En sus Pastorales de mayo de 1938 y la cuaresma de 1939 este obispo alzaba sus iras contra los “enemigos de nuestra amada patria”
De esta forma el clero cordobés bautizaba de Santa Cruzada el genocidio que los militares, apoyados por terratenientes e industriales cordobeses, estaban cometiendo con el pueblo inocente. Y de paso justificaban su presencia y adhesión al golpe militar y la posterior Dictadura Fascista.
Santificaban las “conquistas”de los rebeldes con misas de campaña en plazas publicas,alentando la moral de los rebeldes, bendiciendo y eximiendo de responsabilidades mediante la confesión,justificando las barbaries y los crímenes cometidos tanto en el frente como en retaguardia,bendiciendo los fusilamientos que se perpetraban casi todas las madrugadas.
El padre jesuita Bernabe Copado (natural de Villanueva de Córdoba), capellán de una columna de requetés,con la que luchó como “soldado de dios” por varios pueblos de Andalucía, en su libro de memorias narra con gran fervor y fanatismo religioso los asesinatos de inocentes (su lectura no tiene calificativos).

Esta participación tan extremista de la Iglesia en la vida política fue lo que motivo la reacción violenta de algunos grupos de la población represaliada.

El coadjutor de Santo Domingo, Federico Romero Fustegueras,pistolón al cinto,acompañaba a las milicias nacionales en Lucena en sus expediciones de castigo.Y el arcipreste Joaquin Garzón Carmona bendijo y condecoró al general golpista Varela.
EL párroco de Aguilar de la Frontera,Rafael Espinosa,carlista y propagandista en el boletín “Boinas Rojas”.
En el Seminario de San Pelagio de Córdoba el ideario fascista italiano y alemán corría como la pólvora entre los seminaristas.
Cuatro hermanos maristas en el verano de 1936 actuaron con Acción Ciudadana en el control,detenciones y represión de ciudadanos.
Por toda la geografía española se sucedían estampas del nacionalcatolicismo integrista:multitudinarios actos públicos de exaltación al Movimiento nacional,paroxismo religioso,homenajes,desfiles religioso-militares,bendición de armas,crucifijos,banderas…

Las víctimas religiosas en toda España ascienden a unas 7.114 personas. En Córdoba fueron 102 las víctimas religiosas.
Si comparamos estas cifras con el total de víctimas fusiladas por los rebeldes golpistas en Córdoba capital, estimadas en unas 4.000 personas , podremos acuñar la frase:”Todos los cadáveres no abultan igual».

Este apoyo “desinteresado” de la iglesia al golpe militar y la posterior dictadura fascista se tradujo en una Legislación “piadosa”del franquismo que otorgaba a la Iglesia Católica española, a su
jerarquía e instituciones unos privilegios impensables hasta entonces, con el objetivo de “Recristianizar la Nueva España».
A golpe de Decretos y Ordenes,la Dictadura del General Franco dejó en manos de la Iglesia la enseñanza ,tanto publica como privada, principal objetivo de la iglesia.
La asistencia espiritual católica y el servicio religioso fueron obligatorios en todos los planos de la sociedad :hospitales, clínicas,sanatorios,cárceles,cuarteles,colegios,universidades…todo controlado por Órdenes religiosas dependientes de la jerarquía eclesiástica.
Por Decretos se organizó también el “Nuevo Calendario Nacional de Festividades Religiosas”:el “Día de la Inmaculada”,festividad del Jueves y Viernes Santos,Mes de Mayo dedicado a la Virgen,festividad del “Corpus Christi”,fiesta del “Patrono de España”,el Apóstol Santiago.
El día de Santo Tomás sera festivo en todos los centros docentes de España.

Se conceden honores militares a Nuestro Señor y a su Iglesia.
Los Cardenales son equiparados a Generales en Jefe,los Arzobispos a General de División,y los Obispos a Generales de Brigada,(Orden de 12/11/1937).

La Iglesia española continua manteniendo con su firmeza y fe característica de siglos de autoridad, su «versión» tergiversada e interesada de la Historia de España entre los años veinte y ochenta del siglo pasado.Continúa en su empeño de beatificar y ensalzar a sus «caídos»en la Guerra Civil española,que no es otra cosa que un acto político más de los que lleva a cabo la Iglesia Católica española durante toda su existencia,acto político de reafirmación de los valores franquistas que continua manteniendo y defendiendo.
Y la derecha española incapaz de romper sus vínculos con la tradición autoritaria y antidemocrática de la Dictadura franquista,y más concretamente el Partido Popular como expresión mayoritaria y útil de casi toda la derecha española,se presta a esta manipulación y tergiversación de la realidad histórica de España.
Los poderes públicos democráticos a los que representa el Partido Popular, por votación de la ciudadanía,al estar presentes en estos actos confesionales (y financiados con dinero publico),insultan y menosprecian a millones de ciudadanos/as de un país laico y aconfesional (recogido en nuestra Constitución) que aun esperan que sus respectivos gobiernos democráticos garanticen y protejan los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo sucedido,a una reparación moral,y un reconocimiento jurídico y político de las víctimas del franquismo que lo fueron por defender la legalidad de la República española,origen de nuestra Democracia actual.

Documentación recogida de los libros:»La Pólvora y el Incienso», de HILARI RAGUER.
«La Iglesia de Franco», de JULIÁN CASANOVA.
«1936 El Genocidio Franquista en Córdoba», de FRANCISCO MORENO GÓMEZ.

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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS DE LA ONU AL CONCLUIR SU VISITA A ESPAÑA.

Madrid – 30 de septiembre de 2013: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias visitó España del 23 al 30 de septiembre de 2013. La visita estuvo integrada por dos miembros del Grupo de Trabajo: la Sra. Jasminka Dzumhur y el Sr. Ariel Dulitzky. El objetivo de la visita fue examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de desapariciones forzadas. Todo ello a la luz de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la Declaración). La Declaración refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido el español.

Los expertos se reunieron con diversas autoridades incluyendo: En Madrid, el Secretario de Estado de Justicia; el Secretario de Estado de Seguridad; el Secretario de Estado de Asuntos de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; el Sub Secretario a la Presidencia; el Sub Secretario de Defensa; el Director General de Política Exterior, Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad y la Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores; Jueces del Consejo Nacional del Poder Judicial y Fiscales de la Fiscalía General del Estado. El Grupo de Trabajo se reunió también con el Presidente del Senado y la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados así como con la Defensora del Pueblo. En Cataluña, los expertos se reunieron con: la Delegada de Gobierno en Cataluña; el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) y los directivos del Memorial Democràtic y del Institut Català Internacional per la Pau. En el País Vasco: con el Consejero de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco; la Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; la Presidenta y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco; el Presidente del Tribunal Superior y el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco; y el Secretario General del Ararteko (Defensor del Pueblo). En Andalucía: la Vicepresidente de la Junta de Andalucía; el Director General de Memoria Democrática; el Parlamento y el Defensor Adjunto del Pueblo.

El Grupo de Trabajo quisiera agradecer al Gobierno de España por haberle extendido una invitación para visitar el país, por su amplia y positiva cooperación antes y durante la visita, así como por la franqueza y apertura al diálogo. Asimismo, agradece la información proporcionada durante la visita. También extiende su agradecimiento a las autoridades de las tres Comunidades Autónomas que tuvo oportunidad de visitar.

El Grupo de Trabajo se reunió con cientos de familiares y organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos forenses y académicos. También recibió información directa de algunos testigos de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo agradece a los familiares, las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de familiares de personas desaparecidas y todos los sectores de la sociedad con los que se reunió. Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.

Durante la visita, el Grupo de Trabajo visitó el Valle de los Caídos en Madrid, el Fossar de la Pedrera en Barcelona y las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla. Los expertos se reunieron además con el Secretario General de la Conferencia Episcopal.
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En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). De acuerdo con la instrucción penal llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional, el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226.

El auto también se refirió al secuestro sistemático de niños – se mencionan en el auto 30.960 niños – de los detenidos republicanos que habrían sido entregados a las familias que apoyaban el régimen de Franco después de que sus identidades fueran supuestamente cambiadas en el Registro Nacional. El Grupo de Trabajo ha recibido información en varias reuniones sobre “robos” o “secuestros” de bebés y niños que habrían ocurrido incluso hasta después del retorno a la democracia.

El Grupo de Trabajo también ha recibido información sobre casos aislados de desapariciones que habrían ocurridos en los años 70 y 80 en el contexto de la lucha anti-terrorista.

Marco Legislativo

España ha ratificado la gran mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el Grupo de Trabajo felicita España por la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas así como la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones según los artículos 31 y 32 de la Convención. El Grupo de Trabajo considera de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

La Constitución española de 1978 incorpora y tutela todos los derechos fundamentales de una manera amplia y generalmente consistente con el derecho internacional. El apartado segundo de su artículo 10 requiere una interpretación conforme de los derechos con los tratados ratificados por España. Sin perjuicio de ello, en muchos casos de desapariciones forzadas el Grupo de Trabajo ha notado una ausencia o insuficiente análisis de la compatibilidad de la normativa y práctica interna española con las obligaciones internacionales del Estado. El Grupo de Trabajo hace un llamado a la judicatura a realizar un uso consistente de la Declaración y de otros instrumentos internacionales relevantes. También insta al Estado a desarrollar una capacitación mayor a jueces y fiscales sobre la Declaración y otros instrumentos internacionales.

El Grupo de Trabajo ha analizado las disposiciones del Código Penal español indicadas por diferentes autoridades que regularían la desaparición forzada (artículos 163-168 y 530). El análisis individual de estos artículos o la conjunción de todos o algunos de ellos, demuestra que el Código español no contiene un delito autónomo de desaparición forzada ya que los delitos mencionados carecen de todos los elementos constitutivos de una desaparición forzada. No requieren la participación de un agente estatal ni la posibilidad de la tolerancia, aquiescencia, o cooperación estatal en el caso de comisión de una desaparición forzada por un particular o grupo de particulares. Solo cubren el supuesto de detención ilegal o secuestro cuando la Declaración se refiere a otras posibilidades como el arresto, el traslado contra su voluntad a las personas, o “que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma”. Además, la fórmula utilizada por el Código Penal “no dar razón del paradero de la víctima” no es lo suficientemente amplia para abarcar el tercer elemento constitutivo de una desaparición forzada de personas, a saber “la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la protección de la víctima”. Por último, el Código Penal omite estipular que la consecuencia de la desaparición es sustraer a la persona de la protección de la ley. De modo que la tipificación española no es suficiente en materia de desapariciones forzadas.

El Proyecto de Ley Reforma del Código Penal (aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre), no reforma dichos artículos ni incluye la tipificación de la desaparición forzada. Sin embargo, este proyecto de ley representa un avance importante pues eleva las penalidades de los delitos mencionados equiparándolos al homicidio. El Grupo de Trabajo considera que la revisión del Código Penal es una oportunidad para incluir el delito autónomo de desaparición forzada, de acuerdo a la definición de la Declaración.

Las autoridades han informado que el artículo 607 bis del Código Penal bajo la rúbrica “De los delitos de lesa humanidad” recoge la tipificación de los crímenes contra la humanidad tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta inclusión en el Código Penal es bienvenida por el Grupo de Trabajo aunque resulte insuficiente a los efectos de la obligación internacional de tipificar como delito autónomo la desaparición forzada.

Verdad y memoria

Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Se han creado varias asociaciones de víctimas y hay una vibrante sociedad civil en España que trabaja con ese objetivo. El Grupo de Trabajo ha constatado en varios casos una falta de vínculos y comunicación entre los grupos de víctimas y las autoridades estatales. Los grupos de víctimas, en particular las asociaciones de familiares, no han sido debidamente consultadas ni tenidas en cuenta en el proceso de creación de mecanismos de justicia de transición, lo que resultó en que los mecanismos establecidos no hayan sido suficientes y eficaces. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a establecer un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones de familiares así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero para que puedan jugar un papel fundamental en las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas.

En España no existe una entidad estatal con la responsabilidad de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones. El Grupo de Trabajo observa que existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta información no está centralizada y produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas. Una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y certeza sobre la persona desaparecida. Se necesita disponer de datos estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas. Los datos deben desglosarse por sexo, edad, zona geográfica, y el tipo y la ubicación del lugar de desaparición. Estos datos también deben incluir información sobre la fecha y el lugar de enterramiento y eventual exhumación e identificación y la información sobre los miembros de la familia. El Grupo de Trabajo considera que es imprescindible crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones y reagrupe la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación. El Grupo de Trabajo entiende que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5, que contiene información sobre más de 114.000 victimas, debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata.

El Grupo de Trabajo ha recibido información sobre la capacidad desarrollada en el campo de la ciencia forense y en los historiadores, la cual se ha utilizado parcialmente y en forma no coordinada. Por lo tanto, la responsabilidad de esta entidad debería fomentar la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. La creación de este mecanismo institucional debería mejorar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y promover una mejor comprensión de la naturaleza, las causas y el impacto de las desapariciones forzadas, promover una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, y el respeto del estado de derecho.

El Grupo de Trabajo reconoce la relevancia de la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, denominada “Ley de Memoria Histórica” que procura sentar las bases para el desarrollo de políticas en materia de reconocimiento y ampliación de derechos a las víctimas, la promoción de reparaciones y la recuperación de la memoria. Esta Ley reconoce la memoria como un elemento central de reparación de las víctimas. También establece disposiciones para el reconocimiento moral de las víctimas, la provisión de subvenciones, la prohibición de los símbolos conmemorativos franquistas, y la creación de un centro de documentación. Los artículos 11 a 14 de la Ley, referidos a la localización e identificación de personas desaparecidas, procuran responder a la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, las medidas previstas por la Ley dependen de la iniciativa de los familiares que las soliciten lo que ha creado varias dificultades en el disfrute de los derechos contenidos en la Ley. Según el artículo 11 de la Ley, las administraciones públicas solo tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas, transfiriendo de hecho la responsabilidad de estas actividades desde el Estado hacia los familiares. El Grupo de Trabajo subraya que la búsqueda de los desaparecidos no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado. El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.

Si bien la Ley de Memoria Histórica establece la obligación de elaborar un protocolo de actuación científica y multidisciplinar para las exhumaciones y la creación de un mapa nacional de fosas comunes, omite regular el procedimiento y responsabilidad institucional de este trabajo. Ello ha dado como resultado que las familias deban llevar a cabo muchos trámites judiciales y administrativos para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas sin una claridad del marco legislativo ni administrativo correspondiente. El “Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” se ha adoptado en septiembre de 2011 – es decir casi cuatro años después de la adopción de la Ley durante los cuales se realizaron un número importante de exhumaciones. Este Protocolo es importante para proveer de mínimos estándares a todos aquellos equipos científicos que realizan exhumaciones y debería desarrollarse ulteriormente prestando atención a la necesidad de reforzar un enfoque multidisciplinario, que incluya antropólogos, forenses, genetistas y arqueólogos, lo que las víctimas no son capaces de proporcionar y estableciendo claramente las autoridades responsables en cada etapa. El Grupo de Trabajo reconoce que los aspectos forenses son relevantes para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad en relación con la desaparición forzada en donde se observa que “los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.

El proceso para determinar el paradero de las personas que desaparecieron en España ha tenido un éxito limitado, con el descubrimiento de varias fosas comunes. Algunos de los factores que contribuyen a este limitado éxito son el tiempo transcurrido desde que las desapariciones tuvieron su comienzo de ejecución, la ausencia o casi nula participación estatal, la carencia de un procedimiento claro, detallado y específico en relación con las exhumaciones e identificaciones, la inexistencia de una base de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas. No hay ningún reglamento específico a nivel nacional concerniente a los restos mortales, después de su exhumación.

El Grupo de Trabajo observa que el apoyo que brindan las distintas Comunidades Autónomas depende altamente del partido político gobernante en cada lugar. En algunas comunidades autónomas, de hecho, las autoridades locales han asumido la plena responsabilidad de la exhumación. Mientras que en otras, las administraciones han permanecido completamente ajenas a este proceso. Ello provoca un trato diferente de las víctimas dependiendo del lugar de la fosa y no ofrece igualdad de aplicación de los derechos establecidos en la Ley de Memoria Histórica.

Según la información recibida, desde el año 2006, el Gobierno de España ha destinado más de 25 millones de euros a las diferentes asociaciones de Memoria Histórica, para la ejecución de actividades para la recuperación de la memoria histórica, tales como la localización y exhumación de fosas, organización de actos de homenaje y labores de investigación. La implementación de este aspecto de la Ley de Memoria Histórica ha permitido que se produzca valiosa y cuantiosa información. El Estado español debería compilar, analizar y sistematizar dicha información, para luego ponerla a disposición del público.

Sin embargo, en los dos últimos ejercicios presupuestarios, no se han abierto líneas de financiación para la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia, que tiene ahora la responsabilidad de desarrollar y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional. Esta División ha integrado a inicios de 2012 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Familiares y asociaciones le han expresado al Grupo de Trabajo que, a su entender, el corte de presupuesto, asociado con el cambio de nombre – en donde no se hace referencia alguna a las victimas – no se debería exclusivamente a una reorganización de carácter puramente técnico ni a la crisis económica que afecta el país. El Grupo de Trabajo llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.

La Ley de Memoria Histórica también prevé que las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas. Este Mapa de Fosas es gestionado por el Ministerio de Justicia; según la información recibida, actualmente se recogen en tal Mapa hasta 2.382 Fosas en todo el territorio nacional. Sin embargo, se le ha informado al Grupo de Trabajo que no todas las Comunidades Autónomas han realizado estos mapas y que adicionalmente no se actualiza de manera periódica. El Grupo de Trabajo, por otra parte, recibió detallada información sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en el País Vasco y Andalucía. La información sobre los mapas de fosas debería ser periódica y automáticamente actualizada.

El acceso a la información y a los archivos constituye un problema principal para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad. En algunos casos ha habido una destrucción deliberada de documentos. Los archivos de seguridad todavía son de difícil o casi imposible acceso. En general hay una cierta resistencia a desclasificar o permitir el acceso a documentos. Falta una ley integral que regule el acceso a la información y a los archivos, lo que crea una situación por la cual el acceso a los archivos públicos puede estar reglamentado diferentemente en función de las distintas áreas geográficas. Esto crea situaciones en donde es posible que el acceso a la información pueda depender de la buena voluntad y/o la interpretación normativa del particular que atienda la demanda.

El Grupo de Trabajo toma nota de la existencia de una serie de controversias relacionadas con los registros de defunciones así como la veracidad de la información contenida en ellos. Algunos de los libros de registros han sido destruidos, o no se permite el acceso a ellos debido a la protección de datos personales o a otras razones. El Grupo de Trabajo también recibió información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica.

La legislación sobre la protección de la base de datos de carácter personal es un obstáculo para las víctimas en el acceso a la información. Según la información recibida, las autoridades gubernamentales utilizarían la ley para rechazar el acceso a la información relacionada con la desaparición si la información contiene un dato de carácter personal. La información bajo el control de un organismo público es un valor de bien público y el acceso público a esta información promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas. Si la información pública contiene datos personales se tiene que examinar caso por caso para garantizar un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos de carácter personal. El Grupo de Trabajo en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad señaló que, en relación con la desaparición forzada, el derecho a conocer la verdad se refiere «al derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición».

Existen actualmente iniciativas para adoptar una legislación sobre el acceso a la información, aunque el Grupo de Trabajo entiende que el objetivo de estas iniciativas es proporcionar mayor transparencia sobre las actividades gubernamentales – con el enfoque particular de la lucha contra la corrupción – antes que regular el acceso del público a la información. Una ley podría permitir superar los obstáculos reseñados. España debería promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el derecho a conocer la verdad.

La Ley de Memoria Histórica también dispone que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha sido informado que esta disposición en varias ocasiones no se ha respetado en la practica. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado vele por el respeto de esta disposición, que es esencial para el respeto de las victimas y el repudio y rechazo social de las violaciones ocurridas, incluidas las desapariciones forzadas.

En materia de memoria y verdad, varias Comunidades autónomas han asumido un importante rol que muchas veces amplían el alcance de la Ley de Memoria Histórica. En las comunidades autónomas visitadas por el Grupo de Trabajo, Cataluña aprobó una Ley (10/2009) sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas, y la dignificación de las fosas comunes. En Cataluña se ha favorecido la dignificación de las fosas antes que la exhumación. Cataluña ha creado el Memorial Democràtic como institución encargada de desarrollar las políticas públicas dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la reducción del presupuesto destinado a las actividades del Memorial Democràtic. El Gobierno del País Vasco ha firmado un convenio de cooperación con la sociedad de ciencias Aranzadi, que ha permitido la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de víctimas de desapariciones forzadas. Ante cada identificación el Gobierno del País Vasco envía una carta personalizada a las familias con un dossier con toda la información compilada. En Andalucía se llevan a cabo numerosas actividades por la Dirección General de Memoria Democrática tales como concesiones de distinciones honoríficas, subvenciones a ayuntamientos y entidades para realizar construcciones conmemorativas, investigaciones, estudios, jornadas, exposiciones y publicaciones. Ha sido también elaborada una base de datos de represaliados por el franquismo a través del proyecto “Todos los Nombres”.

El derecho a la justicia

La Declaración exige que el Estado español garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables de las mismas e imponerles las sanciones que puedan corresponder. Sin embargo, la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en contra de una persona determinada en curso, ni hay persona alguna condenada por las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura.

En diciembre de 2006 un grupo de víctimas presentó una querella colectiva ante la Audiencia Nacional reclamando la investigación judicial de los miles de casos de desapariciones forzadas que se habrían producido en España durante la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia fue asignada al Juzgado de Instrucción Penal n º 5 de la Audiencia Nacional. El Juzgado reconoció que los hechos denunciados no habían sido investigados penalmente, calificó a los delitos como crímenes de lesa humanidad e hizo referencia a la existencia de un plan sistemático de ataque para eliminar a los opositores políticos desde el 1936, durante la Guerra Civil y los años posteriores. El juez se inhibió por considerarse incompetente y remitió las actuaciones a los juzgados territoriales pertinentes. Ante una acusación de prevaricato por haber abierto y promovido dicha investigación, el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 fue procesado y finalmente absuelto el 27 de febrero de 2012 mediante sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal consideró que el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 cometió un error al realizar dichas investigaciones pero que actuó sin el dolo requerido para configurar el delito de prevaricato. Un mes después, el mismo Tribunal Supremo decidió una contienda de competencia en la que determinó que los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional eran los competentes para atender los casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil.

El Tribunal Supremo en sus sentencias de absolución y competencia estableció expresamente que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas dado que los casos estarían prescriptos, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter continuado de las desapariciones sería una ficción inaceptable jurídicamente y, de todas maneras, sería aplicable a ellos la Ley de Amnistía de 1997. A criterio del Grupo de Trabajo, esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración.

El Grupo de Trabajo se encuentra especialmente preocupado por el efecto del juicio al Juez de la Audiencia Nacional, la sentencia del Tribunal Supremo así como la subsecuente decisión del Tribunal Supremo en materia de competencia de los juzgados. La combinación de estos hechos, ha significado en la práctica el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura. Con posterioridad a las decisiones del Tribunal Supremo, prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de las víctimas (articulo 17 de la Declaración). Una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos aislados e inconexos. Aun cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada.

Adicionalmente, no se ha tenido en cuenta que el carácter de delito de lesa humanidad de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada.

En octubre de 1977, España aprobó una Ley de Amnistía con un amplio apoyo parlamentario. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, las autoridades españolas y gran parte de la sociedad ven a esta Ley de Amnistía como una pieza fundamental que permitió una transición pacifica de la dictadura a un Estado de Derecho. Se le explicó al Grupo de Trabajo que la ley de amnistía española no es una “ley de punto final”. Al respecto, el artículo 18 de la Declaración es categórico en indicar que los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Una ley de amnistía no debe permitir el término de la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las desapariciones. El Grupo de Trabajo insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.

De acuerdo a la información recibida, cuando se procura proceder a realizar una excavación y exhumación de una presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas, los jueces, fiscales o policías no se apersonan bajo el argumento que ello no sería parte de una investigación penal. Esta decisión constituye una omisión grave de parte de las autoridades judiciales y de procuración de justicia de investigar de oficio la potencial comisión de cualquier delito y especialmente una desaparición forzada. Hasta tanto y en cuanto, no se realice la apropiada identificación científica de los restos, fechas y causas de las muertes y no haya una determinación judicial de la configuración de un delito, de los posibles responsables y si operan causas de extinción de la acción o la pena, los jueces no pueden a priori prejuzgar sobre las mismas a riesgo de violar principios fundamentales del derecho. En otros casos, los juzgados se remiten a la Ley de Memoria Histórica debido a que la jurisdicción penal no sería el cauce adecuado para la determinación de la verdad sobre la persona desaparecida. El Grupo de Trabajo llama a que los responsables de la administración y procuración de justicia se apersonen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su Articulo 23 recogía una amplia concepción de la jurisdicción universal. Gracias a ello, la justicia española realizó importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal mediante la investigación judicial y juzgamiento de casos de crímenes internacionales incluidas las desapariciones forzadas. Esta intervención de la judicatura española fue asimismo esencial para fortalecer procesos judiciales domésticos en los países sobre los cuales se había ejercido la jurisdicción universal, permitiendo que se reabrieran o iniciaran causas por desapariciones forzadas. Ello demuestra la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.

Sin embargo, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, ha restringido de manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal. En aplicación de esta Ley por lo menos dos querellas que incluían alegaciones de desapariciones forzadas han sido archivadas. El Grupo de Trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que esta reforma no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada.

Frente a la referida situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, víctimas españolas han solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España.

Concienciación pública, educación en derechos humanos y otras medidas preventivas

Un elemento esencial para evitar que las desapariciones forzadas vuelvan a cometerse en el futuro es que se garantice una profunda conciencia pública de lo que sucedió, que se eduque adecuadamente a las futuras generaciones sobre el pasado y que la sociedad y en particular los funcionarios públicos reciban suficiente capacitación en materia de derechos humanos. En este sentido, el Grupo de Trabajo recibió con beneplácito la información de que las capacitaciones destinadas a las Fuerzas Armadas incluyen las asignaturas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que en la formación del personal militar y de policía, así como del personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, se incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la Declaración.

Como importante medida preventiva, la Declaración, en sus artículos 10 a 12, requiere que las privaciones de la libertad de las personas se realicen con el más estricto apego a la normativa nacional e internacional relativa a los derechos humanos. Al respecto, los Artículos 509 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen un régimen de incomunicación. De acuerdo a la legislación española el juez de instrucción pueda ordenar que una persona detenida permanezca incomunicada hasta cinco días en cualquier caso y hasta 13 días si el detenido es sospechoso de integrar o estar relacionado con bandas armadas o de delitos de terrorismo. Durante ese plazo el detenido no tiene derecho a contar con un abogado de su elección ni consultar con un abogado en privado, ni a comunicarse con un familiar u otra persona de su elección el hecho y lugar de su detención ni a ser examinado por un médico de su elección. El Grupo de Trabajo recomienda que se deroguen los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el régimen de incomunicación.

Instituciones nacionales de derechos humanos

La Constitución prevé la creación de un Defensor del Pueblo, mientras que los estatutos de las comunidades autónomas disponen el establecimiento de defensores del pueblo. El artículo 54 de la Constitución define el Defensor del Pueblo como alto comisionado del Parlamento, designado por el Parlamento, con la responsabilidad de defender los derechos contenidos en la Constitución. En cumplimiento de este mandato, el Defensor del Pueblo está facultado para supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Parlamento. Además, el Defensor del Pueblo, como defensor de los derechos individuales, puede solicitar el amparo de la persona y tiene poder especial para solicitar la revisión judicial de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo de España tiene mandato para hacer frente a todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la administración del Estado o de la administración de un gobierno autonómico, mientras que el mandato de un Defensor provincial es tratar exclusivamente la violación a los derechos humanos de un gobierno autonómico. En la práctica, no existe claridad de cómo se resuelve un potencial conflicto de responsabilidad en el caso de violación de derechos humanos cometida a nivel autonómico donde ambos Defensores podrían intervenir.

Las instituciones de Defensoría han registrado casos relacionados sobre desapariciones forzadas, en particular los casos de niños robados. El Defensor del Pueblo del País Vasco ha producido importantes estudios en esta materia. Algunas también han procurado resolver los problemas de comunicación entre la administración y las víctimas y sus representantes.

Existe poca coordinación entre el Defensor del Pueblo de España y los defensores de las comunidades autónomas. Los defensores del pueblo estatal y de las comunidades se eligen mediante votaciones por mayoría cualificada por los respectivos Parlamentos, sobre la base de la nominación de los partidos políticos. No existe un procedimiento transparente o de participación de la sociedad civil en el proceso de selección ni garantías de la independencia del Defensor del Pueblo elegido. El Grupo de Trabajo recuerda la necesidad de que la elección del Defensor del Pueblo a nivel estatal y autonómico debe ser realizada de conformidad con los Principios de París.

Plan Nacional de Acción

En España se ha adoptado el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos para el período 2008-2012, mientras que el nuevo Plan Nacional de Acción se encuentra todavía en el proceso de redacción. Según la información recibida, el proyecto de Plan Nacional de Acción no incluye medidas relacionadas con los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo recomienda que el proceso de incorporación del Plan Nacional de Acción incluya plena participación de los diferentes Defensores del Pueblo y de la sociedad civil. Asimismo, el Plan Nacional de Acción debe establecer medidas concretas con claros objetivos en tema de desapariciones forzadas.

Observaciones finales

El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en España.

Desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. La adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados e instituciones creadas por Comunidades Autonómicas como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, representan avances concretos y valorables.

Estos avances se han logrado gracias a iniciativas, muchas de las cuales han sido impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales, principalmente en algunas comunidades autónomas. El Estado debería asumir su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente, cooperativa y colaborativa. Todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género.

En todos los sitios visitados durante esta semana el Grupo de Trabajo se ha reunido con centenares de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades a acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. Dado el trascurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares es urgente que el Estado ponga como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo reitera que “Existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona, pero no existe una obligación absoluta de obtener resultados. De hecho, en determinados casos, el esclarecimiento es difícil o imposible […] Con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona.”

Otros importantes desafíos persisten en España. El Grupo de Trabajo desea llamar la atención especialmente sobre el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica y la carencia de presupuesto para su implementación, la vigencia de la Ley de Amnistía, la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada, la falta de una ley de acceso a la información y la dificultad para acceder a los archivos, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.

El Grupo de Trabajo subraya que los derechos procesales a una investigación, a la verdad y a la justicia son igualmente fundamentales para la percepción de reparación de las víctimas. Incluso, en algunos casos, el proceso de verdad y justicia puede constituir en sí mismo una forma de reparación.

El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.

El Grupo de Trabajo insiste que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita, así como la valoración relativa a los lugares visitados, serán considerados en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado español y expresa su ofrecimiento para brindar su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.

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PRESENTACION DEL NUEVO LIBRO DEL HISTORIADOR FRANCISCO MORENO GÓMEZ.

INTERVIENEN:
Francisco Moreno Gómez, Autor
Luis Naranjo, Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía
Alberto Reig, Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
Ana Claro, Presidenta del Foro Memoria Histórica de Córdoba
Ricardo González, Editorial El Páramo
Día: Martes, 8 de Octubre de 2013
Hora: 19:00 horas
Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo. Córdoba
(Junto a Torre de la Malmuerta)

Este libro ofrece la novedad del historial de un frente de guerra activo durante
toda la guerra, desde 1936-1939. Se han hecho algunas historias de batallas,
pero no el devenir de un frente durante tres años, el Frente Sur, “desde Córdoba
al Bajo Aragón, al destierro y al olvido”, con muchísimas implicaciones
de circunstancias, luchas y personajes, empezando por el gran interbrigadista
Aldo Morandi, cuyas “Memorias”, inéditas en España, han aportado muchísimo
material, aparte de otras nuevas fuentes de gran interés.
Según José Saramago, “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos.
Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”. Este
libro es una rigurosa reconstrucción de los hechos bélicos y de otros adyacentes
sobre la gran lucha ocurrida en el Sur de España, centrada en Córdoba, pero con muchas derivaciones más, desde Málaga
al Bajo Aragón, pasando por Badajoz y otros diversos lugares. No es historia localista al uso, sino historia con una proyección
de totalidad. Lo bélico se completa con muchos aspectos más: la retaguardia, eliminación de prisioneros y crímenes de guerra,
cuestiones políticas, los “Niños de la noche”, bombardeos, los internacionales, penalidades del exilio, etc., hasta las diversas visitas
de Robert Capa. Se ha buscado un cuadro completo de vanguardia y de retaguardia, en el marco de la catástrofe humanitaria
a que condujo el golpe militar de 1936. No podemos esquivar el conocimiento de este pasado. Es más, todo ciudadano tiene la
obligación de saber y de conocer cómo se luchó por los valores que ahora se disfrutan. La ignorancia sería una irresponsabilidad,
y el conocimiento, una obligación, a pesar del acoso actual de los negacionismos, de la contra-memoria y de la “historia atada y
bien atada”, con la que intoxica el criptofranquismo irredento. Este libro encierra episodios apasionantes, lecciones indudables
para nuestro presente. Los que lucharon y se sembraron contra el totalitarismo europeo demandan la atención de los ciudadanos
de hoy, para que la historia no edulcorada muestre de dónde venimos y a dónde vamos.
Francisco Moreno Gómez, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de
Madrid, catedrático de Instituto jubilado, inició su labor historiográfica en 1978, bajo el estímulo de
don Manuel Tuñón de Lara. A partir de 1982 fue apareciendo, entre las primeras monografías territoriales
que se hicieron en España, su Trilogía sobre Córdoba: La República y la guerra civil en Córdoba
(1982, premio “Díaz del Moral”, del Ayto. de Córdoba), La guerra civil en Córdoba, 1936-1939 (1985),
y Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla) (1987). En 1985 publicó también La Masonería en
Córdoba, junto con Juan Ortiz. En 1992 obtuvo, junto con sus alumnos de COU, el premio Espasa-
Calpe, por un guión radiofónico sobre Miguel Hernández. En agosto del mismo año impartió conferencia en la Universidad de
Monterrey (México), con motivo del V Centenario. En 1995 publicó La última utopía, sobre la III Internacional en Andalucía. En
1996 publicó dos libros a partir de su tesis doctoral: Pedro Garfias, poeta de la vanguardia y del exilio, así como Poesías Completas, del
mismo autor. En 1997 publicó para McGraw-Hill la antología comentada Generación del 27. Vino luego el libro conjunto Víctimas
de la guerra civil (1999), en el que redactó la 3ª parte. En La Aventura de la Historia publicó el trabajo “El terrible secreto del franquismo”
(núm. 3, 1999). Junto con una amplia labor de conferenciante, en 2001 publicó una extensa obra: La resistencia armada
contra Franco. La tragedia del maquis y la guerrilla. Sobre el mismo tema participó en el libro conjunto Morir, matar, sobrevivir (2002), y
la obra individual Historia y memoria del maquis (1996). En 2008 inicia una tetralogía exhaustiva sobre Córdoba: 1936, El genocidio
franquista en Córdoba, seguido de esta obra, Trincheras de la República (2013), Los “desaparecidos” de Franco y La victoria sangrienta, ya
terminados para la imprenta.

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FRANCISCO MORENO GOMEZ,HISTORIADOR Y ESCRITOR CORDOBÉS NOS ILUSTRA SOBRE LOS BOMBARDEOS EN CÓRDOBA DURANTE LA GUERRA CIVIL..

ENTRE LA OBSTINACIÓN, LA CONTUMACIA Y LA FALTA DE COMPASIÓN

El teniente coronel Patricio Hidalgo se afana, desde hace tiempo, en recordarnos los bombardeos republicanos sobre Córdoba capital. Este hecho, en sí, no supone nada reprochable, sino todo lo contrario, si se pretende un avance en el conocimiento. Sin embargo, en tal estudio subyacen claras posiciones, digamos complacientes y respetuosas con lo que supuso el franquismo, posiciones que se alimentan en la órbita de la hostilidad contra la memoria histórica (la contra-memoria), en la que militan las derechas españolas, la Iglesia y, por supuesto, veo que tampoco faltan en ello los militares. De ninguno de ellos he oído jamás que apoye la reivindicación de la memoria histórica de los vencidos, es decir, los demócratas. Son las correosas lealtades con el pasado. En este sentido, el teniente coronel Patricio Hidalgo cumple perfectamente su papel, de manera muy diplomática, eso sí, digamos sinuosa. La falta de espíritu crítico contra la perversidad del golpe militar del 18 de julio anida en cada página de los llamados “historiadores militares”.
En realidad, las derechas españolas no nos están dejando recordar en paz, o dicho de otra manera: nos están amargando la memoria, totalmente justa y noble por otra parte, cuando la memoria de ellos nunca les fue amargada. Cuando llegó la Democracia española de 1977, era normal y exigible que esa Democracia (Los historiadores de la Democracia) reivindicara a sus víctimas, arrasadas bajo el golpe militar de 1936. Es lógico, y no podía ser de otra manera, que la Democracia actual se centrara en el censo y en el homenaje a los demócratas caídos, sin que esa predilección suponga ningún desprecio a “los otros”. Negarse a esa reivindicación es, sencillamente, no ser demócrata o serlo sólo de boquilla.
Cuando la Democracia empezó a estudiar la gran represión franquista, las derechas irredentas, sin ninguna compasión, se nos comenzaron a echar encima, ahora mucho más que antes, cuando han recuperado su antigua fuerza. Siempre que se dieron cifras del genocidio franquista, se nos echaba a la cara, y se nos echa, la matanza de Paracuellos, cuando estas 2.500 víctimas (cito de memoria), respetables por supuesto, son menos de la cuarta parte de lo que el franquismo se llevó por delante, por ejemplo en Córdoba. No digamos en Sevilla, Badajoz, etc., etc. Y cuando abundamos, científica e historiográficamente, en el horror del genocidio franquista, vienen los historiadores militares, y otros, echándonos en cara los bombardeos republicanos, cuando todo estudioso sabe que no tienen ni punto de comparación con los bombardeos franquistas, dotados de toda la maquinaria destructiva del fascismo internacional (Italia y Alemania). No existe el menor punto de comparación. Entonces, ¿a qué viene tanta obstinación despiadada desde los militantes de la contra-memoria?
No es ni más ni menos que la estrategia de la equiparación, para ocultar la propia criminalidad. Echando mano de la falacia del “todos fueron iguales” o “Ambos hicieron lo mismo”, se entra en la pendiente del “tú más”, se oculta la propia criminalidad golpista del 18 de julio, se siembra la confusión y se impide que los ciudadanos puedan conocer la verdad. Estos mecanismos del “todos fueron iguales” y el “tú más” se están usando hoy hasta la saciedad en el panorama nacional. Es un viejo y burdo mecanismo en manos de los intoxicadores.
Pero hay más. No lucharon dos bandos, como yerra Patricio Hidalgo, sino que luchó un Gobierno contra una rebelión. Los rebeldes sí que eran un bando, una facción; pero un Gobierno nunca es un bando. Es un Gobierno constitucional, como fue el caso. Esto es una verdad de Pero Grullo, que lleva a lo siguiente: Qué sólo un Gobierno tiene la licitud del uso de la violencia o coerción, y por tanto tenía el derecho y el deber de reprimir la rebelión, con los medios coactivos a su alcance.
Las falacias que utiliza Patricio Hidalgo respecto a los bombardeos republicanos de Córdoba capital son inconsistentes y carecen de rigor. El Gobierno legal de la República, en sus bombardeos dispersos sobre Córdoba, causó, durante toda la guerra, menos víctimas (unas 150, grosso modo), que las que perpetró Queipo de Llano en un solo día (1-4-1937) en la ciudad de Jaén (155). La comparación resulta impresionante: lo ocurrido durante toda la guerra contra lo ocurrido en un solo día en Jaén. Esto fue el franquismo: una capacidad destructiva inimaginable en la República. ¿Por qué tanta sensibilidad ante los dispersos bombardeos republicanos de Córdoba, y no ante la gran masacre de los militares en esta capital, con 4.000 asesinados? En la Historia, o se pondera todo, o el juego es sucio.
Por si desfilaban pocos insidiosos en la cofradía de la contra-memoria, últimamente salió otro en la ciudad de Cabra, con la ocurrencia de que “Cabra es la Guernika del Sur”, con nulo respeto al Sur (por ejemplo, a la Málaga mártir), o a Guernika, masacrada por la delegación de Franco a los nazis. No se puede hablar de Cabra con tanta ligereza y falta de rigor y falta de conocimiento de lo que ocurría en 1938 en las trincheras cordobesas. Durante todo 1938 la aviación franquista castigó sin piedad todos los pueblos de Los Pedroches. En Pozoblanco, un bombardeo en la puerta del refugio causó gran mortandad (23-11-38), y entre otros desastres, el del 23 de diciembre en la misma localidad, con muchos muertos y 35 edificios destruidos. En total, durante la guerra, los franquistas derrumbaron en Pozoblanco más de 600 edificios. La mayor desgracia humana de la Sierra fue la de El Viso, el día de navidad de 1938, con 80 muertos por la aviación franquista, también a la puerta del refugio de la plaza.
Ante los desmanes de la aviación franquista en el Norte de Córdoba, la República decidió actuar. El 28 de octubre bombardeó Aguilar (un muerto) y Baena (10 muertos). Y el 7 de noviembre (1938) le tocó a Cabra. El hecho de que las bombas cayeron en el mercado originó gran mortandad: 107 víctimas. Todo lamentable, por supuesto. Pero igual de lamentable es el hecho que los filofranquistas callan: que en Cabra fueron asesinadas, fríamente, sin ningún motivo, 117 personas inocentes (109 en Cabra, y 8 en Córdoba), casi todas en 1936. ¿Por qué se está ocultando este crimen franquista en Cabra, y sólo se quiere hablar del bombardeo?
Este sectarismo les ha llevado a esa ocurrencia de considerar Cabra “la Guernika del Sur”, una auténtica boutade. Porque tenemos otra “Guernika” en Bujalance, donde el 20 de diciembre de 1936 las bombas franquistas causaron 100 muertos. ¿Por qué no hablamos, pues, de Bujalance? De todas formas, la “Guernika del Sur” es Málaga (febrero-1937), en la gran evacuación por la carretera de Almería. Ahí se mostró toda la capacidad destructiva del fascismo internacional, por tierra, mar y aire, no contra objetivos militares, sino contra la población civil fugitiva. Las víctimas se contaron por millares, tal vez 5.000. Esta matanza de evacuados indefensos fugitivos jamás la perpetró la República, jamás. Franco cometió este horror en muchos momentos de la guerra, como en el cierre de la bolsa de La Serena (Badajoz, julio-1938. Al menos 130 víctimas en Don Benito y Villanueva de la Serena), en la evacuación de Tarragona y en otros lugares.
¿Cuándo la República perpetró algo similar al gran castigo aéreo franquista sobre Madrid, en noviembre de 1936? O el gran castigo de Barcelona, durante toda la guerra. Entre el 13-2-1937 y el 25-1-1939, sufrió Barcelona 385 bombardeos, con 2.700 muertos, 7.000 heridos y 1.800 edificios destruidos (Barcelona sota les bombes, Santiago Alberti). ¿Cuándo la República democrática cometió barbaridades de este calibre? Por supuesto, el bombardeo franquista-alemán de Guernika (26-4-37, con 300 muertos y 271 edificios destruidos). Mucho peor que el de Guernika fue el bombardeo franquista-italiano de Alcañiz, el 3-3-1938, cuando 15 aviones italianos salidos de Logroño arrasaron esa ciudad, causando 500 muertos (José Mª Maldonado). Sin olvidar el bombardeo franquista-alemán de Almería (31-5-1937), con 31 muertos, 55 heridos y 35 edificios destruidos. En fin, esto sería un leve apunte, si queremos meternos en faena de lo que fueron los bombardeos de la guerra, y en la abismal diferencia entre las actuaciones de la República democrática y la actuación terrible del tripartito franquista-alemán-italiano. Sin punto de comparación. Y así fueron los hechos. Lo que no se puede es, manipuladoramente, meter palos en las ruedas de la Historia.
Y a estas alturas, por favor, que no nos hable el teniente coronel Patricio Hidalgo de “intereses políticos de por medio”, cuando se trabaja en pro de la memoria histórica. Y los que se oponen a la memoria histórica… ¿A qué intereses políticos obedecen? ¡Ya está bien! Porque nos van a hacer hablar sin pelos en la lengua.
Insiste Patricio Hidalgo en “la necesidad de recordar a las otras víctimas”… ¡Otra boutade! “Las otras víctimas”, las de los vencedores, han sido homenajeadas, recompensadas, condecoradas y enarboladas durante medio siglo en España… ¡Hombre, por favor, dejad que se honre la memoria de los vencidos, al menos un par de décadas! La obstinación les lleva a una falta absoluta de compasión y de sentido común. No son razonables. Ni demócratas tampoco. Se empeñan en ser protagonistas siempre: antes, con el franquismo, y ahora, con la Democracia.
Habla luego nuestro teniente coronel sobre “la sinrazón y el horror de nuestra guerra”. Pues que se aplique el cuento a los militares, que se sublevaron el 18 de julio, que se lanzaron a la gran aventura del golpe militar, irreflexivamente, sin reparar en las consecuencias. Si no hubieran incurrido en la rebelión, nada de esto estaríamos ahora lamentando. Claro que fue una “sinrazón” y un “horror”, no tanto la guerra, sino el golpe militar que la originó. Hable esto con sus compañeros del presente y del pasado: cuán peligroso es un golpe militar. Lo que no se puede es lanzar un golpe militar alegremente, pensando que les puede salir gratis. O prender un incendio, sin pensar que el fuego también puede quemar a los pirómanos.
Finalmente, el teniente coronel Patricio Hidalgo lanza una perversidad, aludiendo a “víctimas que antes de serlo fueron verdugos”. Esta insinuación es una miseria moral, porque él no tiene datos para afirmar tal cosa ni él puede entrar en supuestos delitos que ni siquiera, casi nunca, se pudieron demostrar fehacientemente en los consejos de guerra, por su falta absoluta de garantías. Esta maldad se la he leído también a un cura integrista de Badajoz, señor Martín Rubio, un manipulador de armas tomar. ¿Quiénes fueron los verdugos, señor Hidalgo? Situése en Córdoba capital, en Baena, en Palma del Río, etc., etc. Ahí encontrará a los grandes verdugos, a los grandes genocidas. Ocúpese de esos verdugos, que como mínimo, en Córdoba y provincia se llevaron por delante 11.582 personas (De mi próximo libro Trincheras de la República). Llevo investigando estos temas desde 1978, más de 35 años, que se dice pronto. Ello me permite aconsejar al señor Hidalgo que entre en los terrenos pantanosos de la Historia con más cuidado, con más libertad intelectual y con más respeto a la ciencia histórica. Evite las tentaciones justificadoras del franquismo, así como las complacencias insanas desde el punto de vista democrático. Y sobre todo: entren ya de una vez los militares en una visión crítica, lo más crítica posible, sobre el pasado golpista del 18 de julio, origen de todas las desgracias. Sobre todo: compasión con los vencidos, por favor. Y que nos dejen recordar en paz.

Francisco Moreno Gómez.

Historiador, desde 1978, de la Guerra Civil y del franquismo.

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VISITA ESPAÑA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS.

Esta semana visitará nuestro país un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias,para examinar las medidas adoptadas por nuestro Gobierno en materia de Derechos Humanos,y emitir posteriormente un informe final al Consejo de Derechos Humanos.
La visita comenzará en Madrid entre los días 23 al 25; en Barcelona será entre los días 25 y 26, en Sevilla los tendremos los días 27 y 28,( acto al que estamos invitados) y en Vitoria los días 27 y 28 .Finalmente concluirán la visita en Madrid el día 30 de este mes con una rueda de prensa.
El Grupo de Trabajo se reunirá en estas ciudades con víctimas y sus familiares,asociaciones y organizaciones de Memoria Democrática,abogados,forenses,historiadores,y diversos especialistas en trabajos sobre recuperación de la Memoria Histórica.En dichas reuniones se les hará entrega de toda la información que han reunido,escucharán sus testimonios de viva voz,y de esta forma podrán demostrar la magnitud del Genocidio que sufrió la ciudadanía a manos del fascismo español.
La reunión se extenderá a autoridades y funcionarios tanto del Gobierno Central,como de las autonomías que visitan.
EL grupo de Trabajo de Naciones Unidas que visita España fue requerido el año pasado ante las denuncias emitidas por numerosas víctimas,sus familiares y asociaciones memorialistas,ante el desamparo político y judicial que sufren por parte de nuestros gobernantes,al impedir sistemáticamente la resolución de miles de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura fascista,así como el robo sistemático y continuado en el tiempo de miles de niñas/os robados.
La falta de investigación por parte de los Tribunales de Justicia españoles;la negativa a investigar,localizar y entregar, por parte del Estado español ,los restos de las víctimas desaparecidas a sus familiares,y mantener una Ley de Memoria Histórica insuficiente y no vinculante, prolonga innecesariamente el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.
Desde las asociaciones y organizaciones de Memoria Histórica,así como las víctimas y sus familiares esperamos que tras esta visita histórica podamos encontrar justicia para los miles de represaliados por el fascismo español que aun siguen sufriendo el olvido y el silencio que la impunidad del franquismo nos impuso.

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