Contra el olvido y la impunidad: las políticas públicas de memoria democrática en Andalucía impulsadas por IU

LUÍS NARANJO CORDOBÉS

La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía surge –por primera vez en la historia democrática de esta Comunidad – en el marco del acuerdo programático de gobierno con el PSOE tras las elecciones autonómicas del 22-M. El empeño de IU en crear este nuevo centro directivo va mucho más allá de un cambio formal o administrativo, puesto que evidencia nuestra intención política de responder desde instancias públicas –esto es, desde el propio Estado democrático- a los derechos de verdad, justicia y reparación que poseen las víctimas directas del franquismo, sus descendientes y el conjunto de la ciudadanía andaluza.

La propia creación de la DGMD, y el moderado pero real apoyo presupuestario y de recursos humanos que recibe, constituye un acto político cargado de significado: Tratar de situar la memoria democrática en el centro de la plaza pública, del ágora política, es el meollo y la síntesis estratégica de nuestro discurso y de su proyección en medidas concretas. Todo lo contrario de lo que supuso La Ley de Memoria Histórica de 2007, como base del desistimiento del estado democrático ante lo que constituye uno de sus deberes esenciales, el deber de la Memoria. Esto es puesto de relieve y criticado severamente por las dos instancias internacionales que durante la anterior legislatura visitaron nuestro país, contactando con las Administraciones públicas (entre ellas con nuestra Dirección General, fruto de lo cual fueron sendos informes donde se apoya explícitamente las líneas de actuación que seguíamos) y con representantes de las víctimas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la ONU, visitó España del 23 al 30 de septiembre de 2013, y en el capítulo III de su Informe , dedicado a “Verdad y Memoria” afirma “…Las medidas previstas por la Ley 52/ 2007 de Memoria Histórica dependen de los familiares que las soliciten, sin establecer una obligación estatal de actuar de oficio. Según su artículo 11, las administraciones públicas solo tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas, transfiriendo de hecho la responsabilidad de estas actividades desde el Estado hacia los familiares. La búsqueda de los desaparecidos no puede depender de la tarea o iniciativa de los familiares, sino que debe ser asumida como una obligación del Estado”.

En similares e inequívocos términos se expresan los apartados IV (Verdad) y V (Justicia) del Informe elaborado por el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, que también tuvo ocasión de conocer y valorar las iniciativas llevadas a cabo en Andalucia. La perniciosa relación entre el modelo privatizador de la memoria y la indefensión de las víctimas para conseguir respuestas judiciales a sus demandas de justicia, queda patente en el apartado 66 del Informe: “La privatización de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales. Estas no se apersonan cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existen por ende registros oficiales de las exhumaciones. Se crea entonces un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad oficial sobre las circunstancias de la muerte”.

Este modelo y esta forma de entender la Memoria, basada en la privatización del deber público de dar respuesta a los derechos de las víctimas, en el bloqueo de las actuaciones judiciales y en una consideración elitista del conocimiento de la verdad histórica, es en esencia lo que propone la Ley de Zapatero, lo que se estaba haciendo en Andalucía y, seguramente, en la mayor parte del Estado. Por ello, la concepción y la práctica memorialista que desde esta Dirección General y desde la Vicepresidencia del gobierno de la Junta ocupada por Diego Valderas, procuramos impulsar iba mucho más allá de un desarrollo, una profundización o una adaptación al contexto andaluz de la ley de 2007 o de las políticas memorialistas estatales, tal y como se esforzaban en venderlo no solo nuestros socios de gobierno, sino también los interesados en mostrar nuestra acción de gobierno como una mera forma de gestión mejorada y más respetuosa con los recursos públicos que la efectuada por el PSOE. Muy al contrario, se trataba de generar una ruptura desde dentro del discurso sobre la memoria defendido, con matices importantes sin duda, por el bipartidismo del régimen del 78. Introducir el republicanismo y el antifascismo como parte indispensable de la memoria democrática de este país, rechazar cualquier forma de equidistancia entre víctimas y represores, exigir la anulación de los juicios sumarísimos y la respuesta judicial a las denuncias de las víctimas, y, más aún, actuar de oficio desde la Junta denunciando ante los juzgados territoriales las evidencias de violencia en las fosas sin nombre que exhumamos …estas son algunas de las líneas de actuación mediante las que hemos intentado acabar con el pacto de impunidad y olvido del aparato político-ideológico surgido de la Transición, entre otras cosas para enterrar cualquier visión positiva de la Segunda República que pudiera poner en cuestión la actual Monarquía parlamentaria.

Esta Memoria Democrática por la que luchamos desde la Política, en alianza con el amplio movimiento memorialista andaluz, debe ayudar a construir y socializar un relato veraz y al mismo tiempo comprometido con los valores democráticos que llegue al conjunto de la ciudadanía andaluza (no solo a minorías académicas o militantes), del periodo comprendido entre 1931 y 1982, desde el inicio de la Segunda República hasta la lucha por el autogobierno andaluz. En este sentido, la construcción de una memoria colectiva democrática que sustituya a los mitos desmovilizadores heredados del tardofranquismo y aún presentes en la memoria colectiva de millones de andaluces ha sido uno de los retos básicos que nos planteamos, junto con el requerimiento a los jueces y la exhumación de las grandes fosas que evidencian el genocidio franquista. No es fácil luchar contra todo un sistema educativo, político y mediático (apoyado por igual desde PSOE y PP durante décadas) que sigue sustentando esta visión falseada y equidistante del franquismo, pero lo hemos intentado, en primer lugar, potenciando la elaboración de materiales didácticos sobre la República, la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición, que han sido presentados y remitidos a Centros de Profesores, Institutos, bibliotecas y asociaciones memorialistas. Llevar la memoria a las aulas, llevar la memoria a la ciudadanía. Para esto último hemos sembrado el solar andaluz de Lugares de Memoria, monolitos con textos explicativos colocados en cárceles franquistas, fosas comunes, escenarios de lucha guerrillera, campos de concentración, zonas de combate del ejercito republicano…

Los Lugares de Memoria son páginas abiertas a los ciudadanos que presentan a las víctimas no como sufridores pasivos de la brutal violencia de la dictadura, sino como luchadores antifascistas que participaron en la creación de una sociedad más justa y más libre. Sólo nos interesa la memoria viva y fértil, que sirva como herramienta de lucha en el presente.

Todo lo hasta aquí expresado se resume en un tarea central, que ha constituido la apuesta estratégica de IU en el cogobierno desde la perspectiva memorialista. Me refiero a la elaboración (en un proceso de amplísima participación ciudadana) y aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática de Andalucia, uno de los compromisos del Pacto de Gobierno roto unilateralmente por Susana Diaz con la convocatoria anticipada de elecciones. Esta Ley consolida estructuralmente una forma de entender la Memoria radicalmente distinta a la que se define en la Ley estatal, al recoger, ampliar y dotar de base jurídica y presupuestaria a todas las medidas hasta aquí expresadas más otras igualmente importantes, como la aplicación de un Plan Anual de exhumaciones, la posibilidad de expropiar terrenos privados en los que aparezcan fosas comunes, la aplicación de sanciones a los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas, la creación de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática o la obligatoriedad de introducir en las aulas los contenidos con base científica de la Memoria. La responsabilidad de que esta Ley no esté ya aprobada por el Parlamento andaluz es exclusivamente del PSOE, pero a pesar de eso constituye un logro y un triunfo indudable de la política de Memoria de IU, puesto que ahora poseemos un instrumento muy conocido y sentido como propio por amplios sectores del movimiento memorialista andaluz, aquilatado hasta la última letra desde el punto de vista jurídico, a la vez ambicioso y posible. Como siempre hemos hecho a lo largo de la historia del Partido, a la lucha institucional debe combinarse con la lucha social e ideológica hasta conseguir la aprobación de la Ley de Memoria y, lo que es más importante, su aplicación efectiva para conseguir , que ya es hora, el fin de la impunidad de los verdugos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del golpe de estado, la guerra civil, la dictadura y la transición no idílica sino sangrienta que vivimos.

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