LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA. RETOS Y PERSPECTIVAS

Luís Naranjo *

Dentro de 19 años se cumplirá el centenario del golpe de estado contra la Segunda República que marcó el comienzo del genocidio franquista en Andalucía. A partir de ese momento y según el actual marco jurídico, las víctimas y los desaparecidos del franquismo serán considerados como restos arqueológicos, con lo que se cerrará definitivamente en falso todo el proceso de recuperación de la memoria y la identidad de los vencidos. El tiempo urge y determina la importancia de esta Ley como quizás la última oportunidad para responder a los derechos de las víctimas. Por el contrario, su fracaso nos situaría en un escenario de desesperanza y frustración de las expectativas que el movimiento memorialista y las víctimas de la dictadura han depositado en su desarrollo y cumplimiento efectivo.

1.- El Origen de la Ley.

El 25 de Marzo de 2012 tuvieron lugar las novenas elecciones al Parlamento de Andalucia tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981. Su resultado constituyó un potencial terremoto político al otorgar una mayoría simple (50 escaños sobre 109) al Partido Popular por primera vez en la historia del autogobierno andaluz. Los buenos resultados de Izquierda Unida (12 diputados, doblando los de la anterior legislatura), junto a su decidida y reiteradamente expresada voluntad política de impedir el gobierno de una fuerza profundamente reaccionaria, clerical y ariete del más descarnado neoliberalismo como la que constituye el PP andaluz, llevó a la conformación del ejecutivo bipartito PSOE-IU basado en un acuerdo programático de gobierno que marcaría el rumbo de las actuaciones políticas concretas, incluyendo el desarrollo normativo y la promulgación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía (LMDA). Además, este acuerdo permitiría el seguimiento público del pacto de gobierno y la evaluación de su grado de cumplimiento.

Una de las consecuencias inmediatas de este escenario fue la creación de la Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), que reemplazaba al anterior Comisionado para la Recuperación de la Memoria Histórica. La constitución de la nueva DGMD supuso ya de por sí un claro mensaje dirigido a la sociedad andaluza, en el sentido de impulsar y reforzar el papel y la responsabilidad de la Junta de Andalucia –como parte del Estado democrático- a la hora de responder a los derechos de las víctimas del franquismo así como del conjunto de la ciudadanía a conocer verazmente su propio pasado como pueblo.

Este enfoque suponía en el ámbito de las políticas públicas de Memoria superar el discurso dominante a partir de la Transición, cuyo principal exponente –junto con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- consiste en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que establece:

  • La equidistancia y el reparto simétrico de responsabilidades históricas entre víctimas y victimarios, que constituyen el sustrato ideológico de la Ley de Amnistía del 77, hoy en día actualizado desde la interpretación historiográfica y sociológica que incluye por igual cualquier acto de represión o de resistencia como fruto de un amplio ciclo de “violencia política” que atraviesa los dos primeros tercios del siglo XX. Esta simetría moral conduce como efecto lógico a la ceremonia de la “reconciliación”, que ofrece como sacrificio ritual la obligación de olvidar para las víctimas y el estatuto de impunidad para los verdugos.

  • La privatización del deber de memoria que según reiterados informes y recomendaciones de la ONU corresponde en primera instancia al Estado, desde sus estructuras centrales hasta el último municipio. La delegación de las intervenciones exhumatorias a asociaciones de víctimas mediante una política de subvenciones, la negativa a elaborar un censo oficial de víctimas del franquismo o el bloqueo por parte de las mayorías parlamentarias ante las reiteradas peticiones para constituir oficialmente una Comisión de la Verdad son algunos de los inaceptables resultados de este desistimiento del Estado democrático.

  • En estrecha relación con lo anterior, los procesos de identificación y exhumación de víctimas del franquismo se sitúan en un marco desjudicializado, entendiendo que se trata de actuaciones “técnico-arqueológicas”, en expresión literalmente utilizada por el fiscal general de la Junta de Andalucía. Existe un evidente nexo entre hacer depender las exhumaciones de la voluntad de familiares o asociaciones, y la inhibición de fiscales y jueces territoriales a la hora de investigar el origen y los responsables de las evidencias de muertes violentas que muestran las fosas.

  • Por último, el modelo de memoria surgido de la Transición se sustenta sobre todo en el reconocimiento y la reparación moral (la material es otra cosa) del dolor y el sufrimiento de las víctimas. La difusión de un tipo de memoria basado fundamentalmente en el relato de la violencia sufrida olvida la dimensión más fértil y de mayor proyección hacia el futuro de la memoria de la resistencia popular, ya que la gran mayoría de las víctimas lo fueron porque de un modo u otro ejercieron formas de transgresión, de lucha y de oposición frente al poder que los oprimía. La memoria del dolor se sustenta en experiencias humanas que deben conocerse para que no se repitan jamás, mientras que la memoria de la resistencia recupera y ofrece valores morales y políticos más necesarios que nunca en este presente que nos toca vivir.

Resultado de la votación en el parlamento andaluz el 15 de marzo de 2017

Resultado de la votación en el parlamento andaluz de la Ley de Memoria Histórica el 15 de marzo de 2017

2.-La Ley de Memoria Democrática como factor de ruptura del modelo de Memoria del bipartidismo monárquico.

Si entendemos la(s) Memoria(s) colectiva(s) no como la suma de memorias individuales, sino como la visión o interpretación que la sociedad tiene sobre su propio pasado reciente, es difícil albergar dudas de que la percepción social mayoritaria o hegemónica del periodo comprendido entre la Segunda República y el final de la Transición (1931-1982), tras casi cuatro décadas de democracia sigue siendo la que hemos descrito anteriormente, con buena parte de los mitos creados por el tardofranquismo bien vivos y anclados en la más o menos difusa conciencia histórica de la ciudadanía. El eje estratégico de la Ley de Memoria consiste en generar un conflicto vivo y abierto entre las memorias heredadas del franquismo y la Transición y la memoria democrática basada en la primacía de los derechos humanos de víctimas, resistentes y ciudadanos. Para ello, la Ley establece, en síntesis, las siguientes líneas maestras:

  • Siguiendo las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, y del Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición , el deber de responder a los derechos de las víctimas corresponde al Estado Democrático, y no puede ser privatizado en el ámbito familiar, ni delegado en la voluntad y el trabajo de foros y asociaciones memorialistas o en los equipos de técnicos e investigadores. Otra cosa es que se fomente y se consolide en la Ley un amplio espacio de decisión, colaboración y participación activa con el movimiento ciudadano (Asociaciones, Foros, Plataformas) vinculado a la Memoria.

  • El carácter transversal que debe tener la aplicación de las políticas públicas de Memoria, para que estas sean efectivas y posibles. Esto supone la conjunción de esfuerzos y de compromisos del conjunto de las Administraciones públicas, desde los Ayuntamientos hasta el Gobierno central, pasando por las Diputaciones provinciales y la propia Junta de Andalucía, sin olvidar el importante papel de apoyo técnico y científico que pueden y deben aportar las Universidades andaluzas de carácter público.

  • La elaboración de un censo de víctimas del franquismo, que incluya las formas de violencia sobre las mujeres, los exiliados y los colectivos reprimidos por su condición étnica o afectivo-sexual. Para ello se crea una Comisión de la Verdad, cuyas conclusiones deben ser asumidas oficialmente por la Junta de Andalucía.

  • Un plan de exhumaciones que contemple suficientes recursos públicos en los próximos cuatro años, así como la posibilidad en su caso de expropiaciones temporales de terrenos privados para acometer procesos de exhumación.

  • Se establece un plazo para la retirada de símbolos franquistas. La Junta podrá retirar de oficio los símbolos, cuando los ayuntamientos se nieguen a hacerlo.
  • La definición de un régimen sancionador dirigido a los incumplimientos por parte de instituciones o ciudadanos de la normativa establecida en la Ley, en especial en lo que atañe a la retirada de símbolos franquistas, a la exhumación irregular o clandestina de restos de represaliados o a manifestaciones públicas que atenten claramente a la dignidad de las víctimas de la violencia franquista, incluidos sus familiares y descendientes.

  • La Junta de Andalucía podrá proceder a presentar denuncias a los juzgados territoriales cuando haya indicios de muertes violentas o desapariciones forzadas en las fosas que se localicen y exhumen.

  • Los contenidos propios de la Memoria Histórica Democrática deben estar presentes en los programas escolares de la enseñanza pública en todos los niveles educativos incluyendo la Universidad, así como en los medios audiovisuales públicos.

  • La constitución de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática, que integra y fomenta las iniciativas de investigación historiográfica, registro de fuentes orales y recuperación de archivos, en el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República Española y la Transición al actual régimen de monarquía parlamentaria, incluyendo la lucha por el autogobierno andaluz.

  • La creación de un Consejo Andaluz de Memoria Democrática, como espacio de convergencia y coordinación entre el ámbito institucional y el movimiento memorialista andaluz, para proponer y aplicar las líneas directrices de las políticas públicas de Memoria en nuestra Comunidad Autónoma.

3.- El futuro de la Ley, entre la esperanza y el escepticismo.

La ruptura por parte del PSOE del pacto de gobierno con IU, y el posterior pacto de investidura con Ciudadanos marcó un giro a la derecha de la acción política del ejecutivo autonómico y la virtual paralización del Proyecto de Ley, del que nada se supo durante la primera parte de la legislatura. La presión de las organizaciones memorialistas que participaron de modo muy activo en la construcción de la Ley, más el trabajo parlamentario de Izquierda Unida y de Podemos ha permitido que al final se mantenga casi en su integridad el texto original que elaboramos desde la Consejería presidida por Diego Valderas, y que las alegaciones del PP y de Ciudadanos hayan sido casi en su totalidad desestimadas. Por lo tanto, en cuanto al contenido de la Ley de Memoria de Andalucía podemos estar satisfechos porque supera en compromiso y respuestas concretas a los derechos de las víctimas a cualquier otra disposición legal del Estado español, dentro siempre de las competencias propias del Estatuto de Autonomía. La debilidad de la Ley estriba en que va a ser desarrollada y gestionada por una conjunción PSOE-Ciudadanos que representa al social-liberalismo y al neoliberalismo, comprometidos ambos con el mantenimiento del régimen del 78. Dos condiciones deben cumplirse para que la Ley no termine llevándonos a una nueva frustración colectiva. La primera, un adecuado acompañamiento económico que garantice un mínimo suelo presupuestario para la aplicación del plan cuatrienal de exhumaciones previsto, absolutamente inaplazable. La segunda, un adecuado desarrollo normativo (promulgación de ordenes y decretos) que den forma y sustancia a lo expresado en la Ley, sobre todo en el ámbito educativo. Veremos que ocurre, pero la actual correlación de fuerzas políticas en el ejecutivo y el legislativo andaluz no invita precisamente al optimismo.

En definitiva, la Ley esta aquí, y su sola promulgación es un triunfo objetivo de las políticas de izquierda defendidas e impulsadas por IU. Ahora toca defenderla en la calle y en las instituciones para que de verdad se convierta en el necesario instrumento para que, esta vez sí, las víctimas del franquismo conozcan la verdad y alcancen la justicia y la reparación que merecen.

*Director General de Memoria Democrática 2012-2015.

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Exposición XX EL SIGLO DE LAS MUJERES

cartel exposicionEl Foro por la Memoria de Córdoba inaugura el próximo día 10 de marzo en la cuenca minera Riotinto-Nerva la exposición “XX EL SIGLO DE LAS MUJERES”.

Un paso más en la recuperación de la Memoria de Género que ofrecemos a colectivos e instituciones.

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Presentación del nuevo libro de Francisco Moreno Gómez

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III Jornadas de Robert Capa en Espejo

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Petición presentada por el movimiento memorialista de Córdoba al Ayuntamiento de Córdoba

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En una fecha tan señalada como la de hoy el movimiento memorialista cordobés representado por víctimas del franquismo, el Foro por la Memoria de Córdoba, el Foro ciudadano para la recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, El Círculo de la Memoria, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Bujalance ‘Germinal’, los sindicatos CCOO y UGT, integrados en la Plataforma por la Comisión de la Verdad, han acordado por unanimidad

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LA MEMORIA DEL 18 DE JULIO EN CORDOBA

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El golpista coronel Ciriaco Cascajo

Manuel Sánchez Badajoz Alcalde republicano de Córdoba Fusilado el 8 de agosto de 1936

Manuel Sánchez Badajoz Alcalde republicano de Córdoba Fusilado el 8 de agosto de 1936

En la conocida entrevista que el periodista Jay Allen realiza al general golpista Francisco Franco el 27 de Julio de 1936, ante la pregunta “¿Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos, por cuanto tiempo seguirá la matanza?” el futuro dictador responde con una especie de profecía autocumplida: “No habrá compromiso ni tregua, tomaré la capital, salvaré a España del marxismo cueste lo que cueste”. Jay Allen insiste “¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? y Franco reitera “repito, cueste lo que cueste”

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EN MEMORIA Y HOMENAJE A VIRGILIO PEÑA, COMUNISTA, REPUBLICANO Y ANTIFASCISTA

imagen virgilioA los 102 años, ha muerto en su segunda patria francesa Virgilio Peña, combatiente antifascista en la Guerra de España, miembro de la Resistencia francesa durante la II Guerra Mundial, víctima en los campos de exterminio nazi y militante comunista. Su vida representa como pocas el compromiso y la organización de la clase obrera a lo largo de todo el siglo XX, liderando una larga y difícil lucha contra la opresión y la desigualdad propias del capitalismo, cuya expresión más extrema fueron los fascismos italiano, alemán y español.

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Memoria Viva: Testimonios orales de Virgilio Peña 

El 14 de abril de 1931 recordado por Virgilio Peña

El miliciano Virgilio Peña 102 años de resistencia antifascista.

Acto de entrega de la Legión de Honor al miliciano Virgilio Peña. Billère-Francia

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Debates sobre fosas: ¿Exhumar para qué?

murosDesde el pasado 30 de junio, representantes del Foro por la Memoria de Córdoba, del Foro Ciudadano y de la Asociación Ágora, bajo la eficaz coordinación técni­ca del Archivo Municipal, vienen desarrollando una meticulosa la­bor de contraste de fuentes histo­riográficas y registros documentales con el objetivo de validar -en la medida de lo posible- el listado de hombres y mujeres fusilados en Córdoba por las fuerzas franquistas durante Guerra Civil y la Dictadura, que se encuentran enterrados en fosas comunes en los cementerios de San Rafael y la Salud.

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