Entrevista Luis Naranjo en Cadena SER sobre conclusiones de la Comisión para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

El presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, es entrevistado en la  cadena SER en relación a las conclusiones de la Comisión para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

Pulsa en el siguiente enlace para escuchar la entrevista:

https://www.ivoox.com/22508195

 

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Las razones del cambio de nombre de calles de Córdoba

El Presidente del Foro por la Memoria de Córdoba y miembro de la Comisión para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, Luis Naranjo, explica los motivos por los cuales es necesario el cambio de nombres del callejero de la capital cordobesa.

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Por la dignidad de las víctimas. No a la apología del Franquismo en los medios de comunicación

Postura del Foro por la Memoria de Córdoba sobre la entrevista a Don Fernando Suárez Gonzásalez publicada en el Diario Córdoba el pasado día 7 de noviembre

POR LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS, NO A LA APOLOGÍA DEL FRANQUISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una de las fundamentales diferencias entre el fin del franquismo y la derrota de los otros fascismos europeos consiste en que , al contrario que las derechas nacidas tras la caída del fascismo y el nazismo, la derecha española mantuvo una evidente continuidad ideológica  con la dictadura, considerada por buena parte de ella en su discurso interno (otra cosa son las manifestaciones públicas de exaltación constitucionalista) como un régimen históricamente legítimo e incluso necesario para sacar a España del atraso económico y la inestabilidad política. Eso sí, según este continuismo ideológico, los tiempos cambian y los sistemas autoritarios deben dar paso a regímenes formalmente democráticos, o dicho de otro modo, lo que tuvo justificación en el pasado (el régimen franquista) debió dar paso por la lógica histórica a la monarquía constitucional, lo que en ningún caso supone condenar las masivas violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura durante 40 años. Esta excepcionalidad de la derecha española en el contexto geopolítico europeo tiene mucho que ver con lo que algún historiador ha denominado el efecto “túnel de limpieza” que tuvo la Transición para dotar de legitimidad y certificar sobrevenidas actitudes democráticas de gran parte de las élites políticas económicas y culturales que habían sostenido al franquismo. De este modo, en el nuevo régimen democrático quienes habían pilotado una de las dictaduras más sangrientas de Europa se transmutan en líderes de un proceso que los sitúa no ya como franquistas convertidos en demócratas sino como los autores mismos de la llegada de la democracia. Así, por citar destacados ejemplos, Manuel Fraga no se recuerda como uno de los ministros más destacados del franquismo sino como el reformista del primer gobierno de la Monarquía y fundador de la nueva derecha democrática, Adolfo Suarez no entra en la memoria colectiva como dirigente del “Movimiento” sino como el gran piloto y artífice del proceso democratizador y, en fin, el rey no es la figura reinstaurada por el dictador sino el jefe de Estado que conduce a puerto seguro los destinos del pueblo español.

Fernando Suarez es otro buen ejemplo de este singular efecto de la Transición pasando de vicepresidente tercero del último gobierno de Franco (el mismo que sancionó los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1975) a flamante diputado y eurodiputado por Alianza Popular. Por eso no puede sorprendernos que en la entrevista publicada por Diario Córdoba desgrane uno tras otro todos los mitos y falsedades construidas y difundidas durante décadas por los apologetas y publicistas del franquismo (llamarlos historiadores sería injusto) : La democracia republicana como culpable de la guerra civil, la amenaza de un golpe de estado comunista para instaurar la dictadura del proletariado, el aviso de que quienes perdieron la guerra no pueden pretender ganarla ahora abriendo las heridas del pasado, la negación de las evidentes y masivas violaciones de derechos humanos cometidos impunemente por la dictadura y, por fin, en una vuelta de tuerca del peor de los revisionismos tardofranquistas, la alucinante afirmación de que fue precisamente la dictadura liberticida la que acabó llevando a España a la Arcadia feliz de la democracia, a partir del desarrollo económico de los 60.

Todo este conjunto de mitos ahistóricos no merecerían atención ni réplica alguna, ya que están sobrada y absolutamente desechados  y definidos como falsedades por la crítica y la investigación historiográfica actual. Si la hacemos, es por la proyección social que esta interpretación de nuestro pasado reciente tiene  al ser publicada y difundida por un importante medio de comunicación por su negativa influencia para la construcción de valores democráticos en la ciudadanía, especialmente en las generaciones que no vivieron la dictadura. En un momento como el que actualmente vive Europa y la propia España, con  el retroceso de derechos y libertades y el ascenso de opciones ideológicas neofascistas los medios de comunicación –públicos o privados- deben tener la responsabilidad cívica de fortalecer la conciencia democrática, lo que desde luego no  se consigue difundiendo interpretaciones del pasado complacientes con lo que fue una cruel dictadura y atentatorias para la dignidad de  miles de víctimas del franquismo, al ignorar la memoria de su propia existencia.

Foro por la Memoria de Córdoba

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II Encuentro Andaluz por la Memoria

CONVOCATORIA DEL II ENCUENTRO ANDALUZ POR LA REPÚBLICA

Córdoba, 11 de noviembre de 2017
El I Encuentro Andaluz por la República, celebrado en Humilladero el 5 de noviembre de 2016, supuso un éxito de participación y resultados y un acto fundamental en el proceso de articulación del movimiento republicano andaluz.
Conforme a la Hoja de Ruta 2017 (plan de acciones coordinadas por la República) acordada en dicho Encuentro, la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas ‘Andalucía Republicana’ convoca el II Encuentro Andaluz por la República el 11 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Este II Encuentro Andaluz se desarrollará en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y en el mismo se hará un balance del cumplimiento de la vigente Hoja de Ruta 2017 y se debatirá y acordará la Hoja de Ruta para el próximo 2018 (plan de acciones coordinadas en Andalucía por la República).
Por la tarde, en horario de 16 a 19 horas, tendrá lugar la Jornada de Debate Republicano, abierta a las organizaciones y personas interesadas. Esta Jornada se centrará en cinco ejes diferenciados: Laicismo y República, Mujer y República, Federalismo y República, Educación y República y Memoria Democrática.
El debate se desarrollará en cinco grupos, correspondientes a cada uno de los ejes acordados, finalizando la Jornada con una apuesta en común en plenario.
Se podrán enviar comunicaciones y ponencias para el debate hasta el día 5 de noviembre, textos que serán difundidos para conocimiento general.
Nos vemos el sábado 11 de noviembre en Córdoba

 


¡Salud y República!
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LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA. RETOS Y PERSPECTIVAS

Luís Naranjo *

Dentro de 19 años se cumplirá el centenario del golpe de estado contra la Segunda República que marcó el comienzo del genocidio franquista en Andalucía. A partir de ese momento y según el actual marco jurídico, las víctimas y los desaparecidos del franquismo serán considerados como restos arqueológicos, con lo que se cerrará definitivamente en falso todo el proceso de recuperación de la memoria y la identidad de los vencidos. El tiempo urge y determina la importancia de esta Ley como quizás la última oportunidad para responder a los derechos de las víctimas. Por el contrario, su fracaso nos situaría en un escenario de desesperanza y frustración de las expectativas que el movimiento memorialista y las víctimas de la dictadura han depositado en su desarrollo y cumplimiento efectivo.

1.- El Origen de la Ley.

El 25 de Marzo de 2012 tuvieron lugar las novenas elecciones al Parlamento de Andalucia tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981. Su resultado constituyó un potencial terremoto político al otorgar una mayoría simple (50 escaños sobre 109) al Partido Popular por primera vez en la historia del autogobierno andaluz. Los buenos resultados de Izquierda Unida (12 diputados, doblando los de la anterior legislatura), junto a su decidida y reiteradamente expresada voluntad política de impedir el gobierno de una fuerza profundamente reaccionaria, clerical y ariete del más descarnado neoliberalismo como la que constituye el PP andaluz, llevó a la conformación del ejecutivo bipartito PSOE-IU basado en un acuerdo programático de gobierno que marcaría el rumbo de las actuaciones políticas concretas, incluyendo el desarrollo normativo y la promulgación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía (LMDA). Además, este acuerdo permitiría el seguimiento público del pacto de gobierno y la evaluación de su grado de cumplimiento.

Una de las consecuencias inmediatas de este escenario fue la creación de la Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), que reemplazaba al anterior Comisionado para la Recuperación de la Memoria Histórica. La constitución de la nueva DGMD supuso ya de por sí un claro mensaje dirigido a la sociedad andaluza, en el sentido de impulsar y reforzar el papel y la responsabilidad de la Junta de Andalucia –como parte del Estado democrático- a la hora de responder a los derechos de las víctimas del franquismo así como del conjunto de la ciudadanía a conocer verazmente su propio pasado como pueblo.

Este enfoque suponía en el ámbito de las políticas públicas de Memoria superar el discurso dominante a partir de la Transición, cuyo principal exponente –junto con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- consiste en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que establece:

  • La equidistancia y el reparto simétrico de responsabilidades históricas entre víctimas y victimarios, que constituyen el sustrato ideológico de la Ley de Amnistía del 77, hoy en día actualizado desde la interpretación historiográfica y sociológica que incluye por igual cualquier acto de represión o de resistencia como fruto de un amplio ciclo de “violencia política” que atraviesa los dos primeros tercios del siglo XX. Esta simetría moral conduce como efecto lógico a la ceremonia de la “reconciliación”, que ofrece como sacrificio ritual la obligación de olvidar para las víctimas y el estatuto de impunidad para los verdugos.

  • La privatización del deber de memoria que según reiterados informes y recomendaciones de la ONU corresponde en primera instancia al Estado, desde sus estructuras centrales hasta el último municipio. La delegación de las intervenciones exhumatorias a asociaciones de víctimas mediante una política de subvenciones, la negativa a elaborar un censo oficial de víctimas del franquismo o el bloqueo por parte de las mayorías parlamentarias ante las reiteradas peticiones para constituir oficialmente una Comisión de la Verdad son algunos de los inaceptables resultados de este desistimiento del Estado democrático.

  • En estrecha relación con lo anterior, los procesos de identificación y exhumación de víctimas del franquismo se sitúan en un marco desjudicializado, entendiendo que se trata de actuaciones “técnico-arqueológicas”, en expresión literalmente utilizada por el fiscal general de la Junta de Andalucía. Existe un evidente nexo entre hacer depender las exhumaciones de la voluntad de familiares o asociaciones, y la inhibición de fiscales y jueces territoriales a la hora de investigar el origen y los responsables de las evidencias de muertes violentas que muestran las fosas.

  • Por último, el modelo de memoria surgido de la Transición se sustenta sobre todo en el reconocimiento y la reparación moral (la material es otra cosa) del dolor y el sufrimiento de las víctimas. La difusión de un tipo de memoria basado fundamentalmente en el relato de la violencia sufrida olvida la dimensión más fértil y de mayor proyección hacia el futuro de la memoria de la resistencia popular, ya que la gran mayoría de las víctimas lo fueron porque de un modo u otro ejercieron formas de transgresión, de lucha y de oposición frente al poder que los oprimía. La memoria del dolor se sustenta en experiencias humanas que deben conocerse para que no se repitan jamás, mientras que la memoria de la resistencia recupera y ofrece valores morales y políticos más necesarios que nunca en este presente que nos toca vivir.

Resultado de la votación en el parlamento andaluz el 15 de marzo de 2017

Resultado de la votación en el parlamento andaluz de la Ley de Memoria Histórica el 15 de marzo de 2017

2.-La Ley de Memoria Democrática como factor de ruptura del modelo de Memoria del bipartidismo monárquico.

Si entendemos la(s) Memoria(s) colectiva(s) no como la suma de memorias individuales, sino como la visión o interpretación que la sociedad tiene sobre su propio pasado reciente, es difícil albergar dudas de que la percepción social mayoritaria o hegemónica del periodo comprendido entre la Segunda República y el final de la Transición (1931-1982), tras casi cuatro décadas de democracia sigue siendo la que hemos descrito anteriormente, con buena parte de los mitos creados por el tardofranquismo bien vivos y anclados en la más o menos difusa conciencia histórica de la ciudadanía. El eje estratégico de la Ley de Memoria consiste en generar un conflicto vivo y abierto entre las memorias heredadas del franquismo y la Transición y la memoria democrática basada en la primacía de los derechos humanos de víctimas, resistentes y ciudadanos. Para ello, la Ley establece, en síntesis, las siguientes líneas maestras:

  • Siguiendo las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, y del Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición , el deber de responder a los derechos de las víctimas corresponde al Estado Democrático, y no puede ser privatizado en el ámbito familiar, ni delegado en la voluntad y el trabajo de foros y asociaciones memorialistas o en los equipos de técnicos e investigadores. Otra cosa es que se fomente y se consolide en la Ley un amplio espacio de decisión, colaboración y participación activa con el movimiento ciudadano (Asociaciones, Foros, Plataformas) vinculado a la Memoria.

  • El carácter transversal que debe tener la aplicación de las políticas públicas de Memoria, para que estas sean efectivas y posibles. Esto supone la conjunción de esfuerzos y de compromisos del conjunto de las Administraciones públicas, desde los Ayuntamientos hasta el Gobierno central, pasando por las Diputaciones provinciales y la propia Junta de Andalucía, sin olvidar el importante papel de apoyo técnico y científico que pueden y deben aportar las Universidades andaluzas de carácter público.

  • La elaboración de un censo de víctimas del franquismo, que incluya las formas de violencia sobre las mujeres, los exiliados y los colectivos reprimidos por su condición étnica o afectivo-sexual. Para ello se crea una Comisión de la Verdad, cuyas conclusiones deben ser asumidas oficialmente por la Junta de Andalucía.

  • Un plan de exhumaciones que contemple suficientes recursos públicos en los próximos cuatro años, así como la posibilidad en su caso de expropiaciones temporales de terrenos privados para acometer procesos de exhumación.

  • Se establece un plazo para la retirada de símbolos franquistas. La Junta podrá retirar de oficio los símbolos, cuando los ayuntamientos se nieguen a hacerlo.
  • La definición de un régimen sancionador dirigido a los incumplimientos por parte de instituciones o ciudadanos de la normativa establecida en la Ley, en especial en lo que atañe a la retirada de símbolos franquistas, a la exhumación irregular o clandestina de restos de represaliados o a manifestaciones públicas que atenten claramente a la dignidad de las víctimas de la violencia franquista, incluidos sus familiares y descendientes.

  • La Junta de Andalucía podrá proceder a presentar denuncias a los juzgados territoriales cuando haya indicios de muertes violentas o desapariciones forzadas en las fosas que se localicen y exhumen.

  • Los contenidos propios de la Memoria Histórica Democrática deben estar presentes en los programas escolares de la enseñanza pública en todos los niveles educativos incluyendo la Universidad, así como en los medios audiovisuales públicos.

  • La constitución de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática, que integra y fomenta las iniciativas de investigación historiográfica, registro de fuentes orales y recuperación de archivos, en el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República Española y la Transición al actual régimen de monarquía parlamentaria, incluyendo la lucha por el autogobierno andaluz.

  • La creación de un Consejo Andaluz de Memoria Democrática, como espacio de convergencia y coordinación entre el ámbito institucional y el movimiento memorialista andaluz, para proponer y aplicar las líneas directrices de las políticas públicas de Memoria en nuestra Comunidad Autónoma.

3.- El futuro de la Ley, entre la esperanza y el escepticismo.

La ruptura por parte del PSOE del pacto de gobierno con IU, y el posterior pacto de investidura con Ciudadanos marcó un giro a la derecha de la acción política del ejecutivo autonómico y la virtual paralización del Proyecto de Ley, del que nada se supo durante la primera parte de la legislatura. La presión de las organizaciones memorialistas que participaron de modo muy activo en la construcción de la Ley, más el trabajo parlamentario de Izquierda Unida y de Podemos ha permitido que al final se mantenga casi en su integridad el texto original que elaboramos desde la Consejería presidida por Diego Valderas, y que las alegaciones del PP y de Ciudadanos hayan sido casi en su totalidad desestimadas. Por lo tanto, en cuanto al contenido de la Ley de Memoria de Andalucía podemos estar satisfechos porque supera en compromiso y respuestas concretas a los derechos de las víctimas a cualquier otra disposición legal del Estado español, dentro siempre de las competencias propias del Estatuto de Autonomía. La debilidad de la Ley estriba en que va a ser desarrollada y gestionada por una conjunción PSOE-Ciudadanos que representa al social-liberalismo y al neoliberalismo, comprometidos ambos con el mantenimiento del régimen del 78. Dos condiciones deben cumplirse para que la Ley no termine llevándonos a una nueva frustración colectiva. La primera, un adecuado acompañamiento económico que garantice un mínimo suelo presupuestario para la aplicación del plan cuatrienal de exhumaciones previsto, absolutamente inaplazable. La segunda, un adecuado desarrollo normativo (promulgación de ordenes y decretos) que den forma y sustancia a lo expresado en la Ley, sobre todo en el ámbito educativo. Veremos que ocurre, pero la actual correlación de fuerzas políticas en el ejecutivo y el legislativo andaluz no invita precisamente al optimismo.

En definitiva, la Ley esta aquí, y su sola promulgación es un triunfo objetivo de las políticas de izquierda defendidas e impulsadas por IU. Ahora toca defenderla en la calle y en las instituciones para que de verdad se convierta en el necesario instrumento para que, esta vez sí, las víctimas del franquismo conozcan la verdad y alcancen la justicia y la reparación que merecen.

*Director General de Memoria Democrática 2012-2015.

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